Algunos empleadores comenzaron a comunicar a sus empleados sobre el incremento en la aportación al Seguro Social. Otros, en cambio, aún desconocen del aumento que se verá reflejado en el rol de pagos este fin de mes. El incremento lo fijó el Consejo Directivo del IESS, vía resolución 466, en diciembre del año pasado, con lo cual el aporte personal pasa del 9,35% al 9,45%. Si el salario total incluidas horas extras, suplementarias, etc. es, por ejemplo, USD 500, el aporte del afiliado se eleva de USD 46,7 a 47,25. Todo empleador deberá hacer este descuento desde este mes (incluidos los patronos de empleadas domésticas). El Consejo Directivo tomó la decisión para financiar la pensión especial por vejez para las personas con discapacidad. Este beneficio se fijó en la Ley Orgánica de Discapacidades, aprobada en el 2012 y que no se había aplicado por falta de reglamento. Paulina Proaño, directora del Sistema de Pensiones de la entidad, dijo que el aumento se dio con base en estudios actuariales, los cuales determinaron el valor del alza en el aporte. Aunque en este caso, el financiamiento proviene únicamente de los afiliados al IESS. Diario El Comercio consultó a 10 afiliados sobre la medida, quienes ven con buenos ojos la norma, aunque creen que el Estado también debe aportar. José Alfonso Ortiz, afiliado e integrante del Frente de Defensa del Seguro Social, señaló que la Constitución establece que hay igualdad ante la Ley. «Entonces todos los ecuatorianos, y no solo los afiliados, deberíamos aportar para pagar este beneficio». Añade que este tipo de beneficios para población vulnerable debe financiarse por una entidad pública y a través de impuestos. El afiliado Arturo Camacho comentó que la Notaría donde trabaja le comunicó que este mes el descuento para el Seguro Social será de USD 34,02 de su aportación personal y no USD 33,66 que venían aportando. «No es mucho, pero es un descuento más que nos hacen. Tengo 18 años de aportación y nunca he ocupado el Seguro». Pese a ello, comentó que es válido el objetivo del aporte porque va destinado a población vulnerable, aunque consideró que el Estado también debiera aportar. Igual opinión tiene Gustavo Arce, de 28 años «Es una contradicción que tenga que aportar la ciudadanía en general, pero no el Estado». Franklin Santacruz, en cambio, cuestionó que el Seguro Social no haya informado sobre la medida.
