Los sensores son colocados en la mano, la pierna y el tórax de la mujer policía, antes de que un técnico inicie el interrogatorio y observe en la pantalla de una laptop sus reacciones fisiológicas: ¿ha consumido drogas?, ¿ha recibido beneficios ilícitos?, ¿ha participado en hechos delictivos?, ¿ha cometido abusos de derechos humanos? El llamado 'examen de confianza' (polígrafo) forma parte de la evaluación integral que la Inspectoría de la Policía efectúa a 44 000 uniformados, dentro de un plan del Ministerio del Interior para reducir la incidencia de agentes en delitos.
Según la Policía, el año pasado, 534 gendarmes fueron apresados a escala nacional. De ellos, 105 por violencia intrafamiliar, 41 por escándalo en la vía pública, 23 por accidentes de tránsito en vehículo particular, 10 por desaparición forzada, 30 por asesinato, etc.
La evaluación dentro de la institución armada se inició también el año pasado. 4 476 agentes se sometieron a las pruebas, las cuales -además del polígrafo- incluyen test psicológicos, exámenes toxicológicos (para determinar consumo de drogas) y una declaración juramentada de bienes.
El general Fabián Solano, inspector de la Policía, dice que en las pruebas se detectó que hay policías que consumen drogas, aunque las cifras globales todavía no están tabuladas. En el proceso se registraron también los casos de agentes que afrontan procesos judiciales por delitos y contravenciones.
La meta del Ministerio del Interior es depurar la institución. El titular de esta Cartera de Estado, José Serrano, admitió que entre los agentes hay «problemas de alcohol».
Como parte de este proceso, 208 policías ya fueron separados el año pasado y más de 200 son observados para desvincularlos de la institución.
Uno de los efectivos que se encuentra en este último grupo aprueba la depuración policial. Él ingresó a la Policía hace 9 años y actualmente la Inspectoría evalúa darle de baja porque debe responder en dos expedientes: uno es interno en la Policía, por la evasión de un preso que estaba bajo su custodia, y otro es un juicio penal (no quiso precisar la causa).
Él se encuentra sin funciones. «Si salgo de la institución, llevaré mi caso a instancias internacionales», dice el cabo.
Según Solano, quedarán fuera de la entidad quienes «tienen juicios penales en su contra».
Los datos toxicológicos y del polígrafo Los policías que no pasen las pruebas toxicológicas recibirán tratamiento. Serán sometidos a un proceso de rehabilitación de consumo de narcóticos, por tres meses. Los agentes que tengan una recaída serán separados de la Policía, dice el general Solano.
Asimismo, los uniformados que reprueben el examen del polígrafo no serán asignados a unidades estratégicas de la Policía. Los resultados de esta prueba servirán para analizar las postulaciones para futuros ascensos en la institución.
«Cómo vamos a permitir un ascenso de un funcionario que tiene un problema toxicológico o de alguien que no sabe justificar sus bienes», señala Solano.
Cuatro uniformados que cumplían su servicio el martes en sus puestos móviles y en las unidades de Policía Comunitaria (UPC), en el norte de Quito, coincidieron en que las pruebas son necesarias. Ellos reconocieron que casa adentro hay «compañeros que no han sido serios en su trabajo». Un cabo aseguró que estos exámenes mejorarán a la Policía, porque «hay compañeros que consumen licor y son violentos».
En el 2011, un informe de la Inspectoría reveló que entre enero de 1998 y julio del 2010, los jueces aceptaron recursos interpuestos por 344 policías, para ser reincorporados a la Policía, pese a que habían sido dados de baja por diversas causas, entre ellas juicios penales (salieron entre el 2011 y el 2013).
Como parte del actual proceso de depuración interna, la Policía inició la fase de socialización de las evaluaciones integrales. Todos los días, en el último piso del edificio de la Inspectoría, en La Mariscal, centro-norte de Quito, se dictan charlas a los uniformados, en las que se explican cómo se hacen los exámenes.
A través de diapositivas, el teniente coronel Patricio Cerda, director del Centro de Planificación de la Inspectoría, explica que quienes fallen en las pruebas de confianza no saldrán de la institución. «Pero estarán en observación permanente» y serán evaluados en 3 años. Si se repite un mal resultado y persisten los problemas «habrá otro tratamiento».
Ayer, una mujer policía vestida de civil (no proporcionó su nombre) daba la prueba del polígrafo en una de las 16 salas con las que cuenta la Inspectoría. Se sentó sobre un sillón negro y el técnico poligrafista le colocó sensores.
Ella fijó su mirada al frente mientras el profesional le hacía las preguntas. En la pantalla de la computadora portátil se desplegaban líneas, con la variación del ritmo cardíaco, las contracciones musculares y las reacciones fisiológicas.
En el segundo piso del edificio, un grupo de gendarmes entregaba ayer muestras de orina para que fueran analizadas, como parte de las pruebas toxicológicas. Allí, un uniformado con mandil blanco entregaba los envases vacíos a los agentes. Una vez que eran recolectados, los etiquetaba con los datos de los uniformados.
45 policías se someten al polígrafo cada día en Quito. 37 equipos de este tipo están habilitados actualmente para evaluar a los policías del país. Este año se prevé adquirir otros 100 detectores.
Desde el 3 de febrero, los coroneles de mayor antigüedad serán sometidos a las evaluaciones integrales. La Policía tiene previsto recibir hasta finales de febrero las declaraciones juramentadas de bienes de 3 403 uniformados.
Punto de vista Álvaro Román. Profesor de la Universidad Andina 'Se debe analizar cada caso'
Se debe analizar cada caso particular para ver si se trata de infracciones graves o leves. A veces, en la Policía se cometen excesos por la norma que dice que se puede afectar el honor o la imagen institucional.
Bajo esa lógica, cualquier acto podría ser un atentado. La Corte Constitucional o los jueces deberían poner en claro qué significa ese atentado contra la imagen. En esos casos, no creo que la depuración sea correcta.
Pero cuando los uniformados han recibido dinero o participado en actos delictivos, nadie se va a oponer a que sean dados de baja.
