El presidente ucraniano, Victor Yanukovich, ha dado el último paso para que entre en vigor su polémica ley: la publicación de su articulado en el periódico oficial 'Golos Ukrainy'. Esto significa que las leyes ya están vigentes y que los agentes han de hacerlas cumplir. La normativa establece la persecución penal y el encarcelamiento por participar en la organización de manifestaciones masivas no autorizadas.
Las leyes han sido criticadas desde la Unión Europea y por la oposición política. Pero el Partido de las Regiones, que sostiene al Gobierno, la defiende como una normativa en consonancia con las normas democráticas europeas. Esta pasada medianoche, al recibir la noticia de que la ley entraría en vigor de manera inminente, los enfrentamientos con la policía se han recrudecido.
Un ejército de jóvenes encapuchados se concentró tras los autobuses quemados de la noche anterior. Al otro lado los antidisturbios protegen la calle que accede al Parlamento. El pulso duró de nuevo toda la noche, con unos tirando cócteles molotov y los otros respondiendo con balas de goma a los que se acercaban demasiado. El ambiente en el centro de Kiev es ahora mismo el de zafarrancho de combate, y la policía de momento se conforma con no ceder terreno, mientras la gente teme que avance hacia la Plaza de la Independencia, que está a la espalda de estos encapuchados. Son ya dos días de enfrentamientos constantes y hay decenas de heridos.
En un mensaje a la población, el presidente de Ucrania, Victor Yanukovich, ha advertido de que las manifestaciones opositoras en Kiev se han transformado en disturbios masivos que amenazan con desestabilizar todo el país. «Yo estuve dispuesto a escuchar vuestras opiniones y encontrar juntos una solución», dijo el presidente con tono grave, «pero ahora, cuando las acciones pacíficas se convierten en disturbios masivos, con pogromos, incendios y violencia, estoy seguro de que eso entraña una amenaza no solo para el orden en Kiev sino para toda Ucrania». De momento, el Gobierno ha negado que estudie implantar el estado de excepción para poner fin a los desórdenes, aunque desde algunos sectores del Gobierno se reclama un gesto de fuerza como ése.
