Ayer, 14 de enero, se realizó la audiencia de casación (última instancia) en contra del legislador de Pachakutik, Cléver Jiménez; su asesor, Fernando Villavicencio; y el médico Carlos Figueroa. Los tres fueron demandados por el supuesto delito de calumnia judicial, luego de que se declarara como «maliciosa y temeraria» una denuncia planteada en contra del Primer Mandatario por los hechos del 30 de septiembre del 2010.
Ellos ya fueron condenados en dos instancias a prisión, a pagar una multa y a disculparse públicamente con el Presidente. De hecho, Jiménez cuestionó a la jueza Lucy Blacio por haber iniciado el juicio en el 2012 sin haber pedido la respectiva autorización a la Asamblea (2009-2013) de la cuál él era parte y decía estar protegido por su inmunidad.
La audiencia de ayer, 14 de enero, se inició a las 15:30. Jiménez y Figueroa llegaron a la diligencia con sus abogados. La sala estaba medio llena; había militantes de Pachakutik, funcionarios de la Corte Nacional de Justicia y demás curiosos.
En medio de los asistentes estaba la esposa de Villavicencio, que llegó para «ver qué pasa» con el juicio. Él no estuvo presente. En representación del presidente Correa estuvo su abogado Caupolicán Ochoa; el Mandatario estuvo ayer en Esmeraldas.
Los jueces Mariana Yumbay, Vicente Robalino y Gladys Terán instalaron la diligencia luego. La defensa de Jiménez y Villavicencio retomó los argumentos que presentó en la primera y segunda instancias aduciendo que se violó el procedimiento, la denuncia inicial que presentaron sus clientes contra el Presidente, y que motivó la contrademanda, nunca llegó a juicio, requisito previo para que se configure un delito de calumnia judicial.
También, la defensa señaló que la inmunidad parlamentaria de Jiménez fue violada, porque el Pleno del Legislativo no trató la autorización respectiva para avanzar con el juicio.
El abogado Ochoa dijo que en las instancias previas se demostró el delito y que la instancia de casación no es para revisar las pruebas presentadas, sino para determinar errores procesales. Además, dijo que la inmunidad parlamentaria no se aplica para casos que no se refieren al trabajo legislativo, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución y el 111 del Código Orgánico de la Función Legislativa.
Este caso se cierra en un momento complejo para Jiménez y Villavicencio, ya que ambos podrían enfrentar un nuevo juicio por parte del Primer Mandatario. Esta vez por supuesto espionaje y 'hackeo' de los correos electrónicos de Correa, del vicepresidente Jorge Glas y del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.
La semana pasada, en una entrevista al canal incautado Gamatv, Mera mostró imágenes de supuestos correos electrónicos suyos encontrados en la computadora de Jiménez, durante el allanamiento a su vivienda y su oficina, realizado la última semana de diciembre.
El Gobierno todavía no ha iniciado el proceso penal que el Presidente anunció el 2 de enero en un conversatorio mantenido con la prensa.
OTROS CASOS
Este juicio es el cuarto que ha planteado Correa, desde el 2011, por procesos de daño moral, injurias, perjurio y calumnia judicial. Los otros tres son el juicio contra diario El Universo, contra los autores del libro 'El Gran Hermano' y contra los veedores que, coordinados por el Consejo de Participación Ciudadana, analizaron los contratos del Estado con empresas vinculadas a Fabricio Correa.
De estos casos, el de los veedores es el único que no ha pasado la etapa de llamamiento a juicio porque los jueces de la Corte de Justicia de Pichincha se han excusado en repetidas ocasiones o porque no han podido asistir a las audiencia. Los acusados son Víctor Hugo Hidalgo, Pablo Chambers, Gerardo Portillo y José Quishpe.
En el juicio contra diario El Universo, el Presidente optó por perdonar la condena de tres años de prisión así como la multa de USD 40 millones.
En el caso de los autores del libro 'El Gran Hermano' (Juan Carlos Calderón y Christian Zurita), el Jefe de Estado desistió de seguir en el proceso, donde había una sentencia en primera instancia, para pagar USD 1 millón de compensación, por la «afectación psicológica» que el libro produjo al Mandatario.
