Los afectados por la contaminación de la operadora Texaco- Chevron en la Amazonía no está totalmente conformes con la sentencia que emitió el jueves la Sala Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Juan Pablo Sáenz, abogado de los afectados, dijo que no hubo una sola disculpa de la petrolera y que los abogados de la transnacional pretenden ignorar, 20 años después, que dejaron a salvo derechos de terceros. Sáenz explicó que la sentencia ratifica por completo las pruebas y decisiones de las cortes inferiores. «Es la Corte de mayor prestigio en el Ecuador», recordó, a la vez que explicó que la resolución abre nuevas opciones para que los afectados vayan a países como Argentina y Canadá, en donde exigirán el pago de los haberes.
A pesar de ello, para el abogado es «una victoria incompleta» la resolución de la CNJ, «pues desaprovechó una oportunidad única al negar el daño punitivo». Dijo que las cortes nacionales al no reconocer el fallo, que estipulaba el doble de la sanción ante la negativa de Chevron de disculparse, permiten que «quede impune la arrogancia, irresponsabilidad, racismo, mala fe» de la multinacional.
Humberto Piaguaje, representante de la Unión de Afectados por Texaco, no se siente satisfecho al 100% con la resolución, «porque no se castiga el comportamiento de la empresa, que nos calificó hasta como delincuentes que buscábamos extorsionarlos».
Piaguaje manifestó que así pida disculpas la petrolera, «si no está sancionado, van a seguir haciendo lo mismo en otros países».
El líder indígena reiteró que no están satisfechos, «aunque aceptamos la remediación, internamente hay un pesar». Considera que «no existe dinero suficiente para reparar el daño ambiental, la cantidad es insignificante».
Para Sáenz, Chevron, al llevar el caso ante las cortes de La Haya, busca «obligar al Ejecutivo a violar derechos de las víctimas».
El abogado Eduardo Bermeo explicó que el recurso de casación, interpuesto por Chevron, es la última instancia, y que sirvió para revisar en derecho una resolución de una instancia inferior. Según Sáenz sólo cabría para Chevron una apelación ante la Corte Constitucional, «pero sí la CNJ fue así de específica, peor lo será la CNJ».
Bermeo calificó como una falla de tipeo al monto de 8.000.646 millones que se escribió en la sentencia. Por ello, pedirán una aclaración de la resolución. El abogado explicó que la decisión final será de 8.646 millones de dólares que debe pagar Chevron. A esa cantidad se debe sumar un 10% por la Ley de Gestión Ambiental, por ello, la compañía deberá entregar cerca de 9.600 millones de dólares al fideicomiso de los afectados.
El 3 de enero de 2012, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos dictó sentencia, en donde estipuló el pago de 8.646 millones a la petrolera, más el 10% por la Ley de Gestión Ambiental. En esa resolución se exigió a la multinacional presentar disculpas públicas. Chevron nunca se disculpó y es por ello que la Corte impuso una sanción del doble del monto estipulado por infringir con este pedido.
Sáenz detalló que una de las estrategías para cobrar los haberes de Chevron será el embargo de las marcas, que se realizó por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), en Ecuador, pero que no serán todas, pues plantean llevar la resolución en firme a las cortes de Canadá.
Gobierno de Ecuador «respeta» fallo en caso Chevron
La Cancillería ecuatoriana, a través de un comunicado oficial, afirmó que el gobierno nacional respeta la decisión tomada el pasado martes por la Corte Nacional de Justicia en el fallo en contra de la petrolera Chevron por la contaminación provocada en la Amazonía ecuatoriana.
«A propósito de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia que ratifica el fallo en contra de Chevron por su responsabilidad en los daños causados en la Amazonía, la Cancillería ecuatoriana manifiesta que con esta decisión la indemnización que deberá asumir la compañía regresa a la cantidad de 8.646 millones de dólares, a los que se deberá agregar un 10 por ciento del valor que el tribunal obliga a pagar, y que determina la Ley de Gestión Ambiental. Aunque la sentencia reduce la pena monetaria, vuelve a reafirmar la responsabilidad de la corporación petrolera», reza el documento.
Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores asegura que «la decisión judicial supone la última instancia en la causa interpuesta por los pobladores afectados ante los daños causados por la contaminación de Chevron-Texaco. Sin embargo, esto no va a limitar la posición firme del Gobierno del Ecuador para seguir adelante en defensa del prestigio internacional del país frente a los abusos de Chevron y a los tribunales internacionales de arbitraje que ha utilizado para intentar eludir sus responsabilidades».
Respuesta de multinacional
La petrolera Chevron consideró «ilegítima e inejecutable» la sentencia que la condenó a pagar en Ecuador unos 9.500 millones de dólares por daños ambientales -la mitad de lo impuesto inicialmente-, mientras los demandantes redoblarán acciones para cobrar la indemnización en el exterior. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) dejó en firme el martes una condena contra Chevron de 2012, aunque redujo sensiblemente el monto de la multa fijado inicialmente en 19.000 millones de dólares por la contaminación atribuida a su filial Texaco en la Amazonía ecuatoriana.
La sentencia «es tan ilegítima e inejecutable hoy como el día que fue emitida originalmente», señaló Chevron en un comunicado, y agregó que el único fallo que cabía en este caso era el de la nulidad del proceso que se inició hace dos décadas.
La compañía estadounidense nunca actuó directamente en Ecuador, pero asumió el pleito al adquirir Texaco en 2001. Esta última empresa operó entre 1964 y 1990, tras lo cual dejó el país y fue demandada por unos 30.000 pobladores amazónicos, que la acusan de haber vertido desechos tóxicos en los ríos, causando enfermedades y daños ambientales. Sin embargo, Chevron sostiene que fue liberada de cualquier responsabilidad por un acuerdo suscrito con las autoridades de la época, y acusa a la petrolera estatal ecuatoriana de haber realizado un mal trabajo de reparación ambiental.
El martes, el máximo tribunal ecuatoriano emitió un fallo considerado de última instancia, en el que eximió a la compañía estadounidense de ofrecer disculpas por la contaminación de Texaco, como dispuso la justicia en un principio, y redujo a la mitad la indemnización impuesta el año pasado.
La multinacional pretende que el Estado ecuatoriano sea obligado a asumir el pago de la indemnización, aduciendo la responsabilidad de la empresa Petroecuador en el desastre ambiental.
