La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sentenció al Estado ecuatoriano, del entonces presidente Lucio Gutiérrez, por la destitución de ocho jueces de la Corte Constitucional.
La remoción de los cargos de dichos funcionarios se realizó por el Congreso Nacional el 25 de noviembre de 2004, en donde no solo los demandantes acusaron por la destitución sino la tramitación de varios juicios políticos contra ellos, durante los cuales las presuntas víctimas «no contaron con garantías procesales y posibilidad de defenderse en relación con la cesación […] y no existieron garantías procesales [respecto del] juicio político», según recoge la sentencia.
La Comisión señaló que «las [presuntas] víctimas se vieron impedidas arbitraria e injustificadamente de presentar recursos de amparo contra la resolución de cese y no contaron con un recurso judicial efectivo que les amparara frente al actuar arbitrario del Congreso Nacional».
Los demandantes fueron, entre otros, Enrique Herreria Bonnet, Oswaldo Cevallos, Miguel Camba Campos, Manuel Jaramillo Córdova, Jaime Manuel Nogales, Luis Rojas, Mauro Terán y Simón Zabala Guzmán. Sin embargo, el caso tiene relación con el proceso de 27 jueces, que también presentaron el recurso ante el organismo por su separación en diciembre de 2004.
Las indemnizaciones ascenderían a cerca de 300.000 dólares y deberán ser emitidas máximo hasta un año después de notificada la sentencia, que fue ratificada el lunes pasado.
