Chevron realizó una demanda desde Nueva York, EEUU, acentuando un desprestigio en la justicia ecuatoriana. En su argumento, para no pagar a los afectados por la contaminación en la selva del Ecuador, acusa a los ciudadanos de ser una organización criminal que quiere extorsionar a esta gigante petrolera.
El pasado 24 de octubre, Chevron presentó la declaración a su favor por parte de un ex juez ecuatoriano, Alberto Guerra, a quien la propia empresa aceptó haber pagado por su testimonio. Incluso, informa la agencia oficial Andes, lo reubicaron en Estados Unidos junto con su familia.
Por su parte, el investigador y abogado de Boston Ted Folkman reflexionó al respecto al caso en su blog y dijo que, efectivamente, Alberto Guerra Bastidas, es «el testigo clave del caso de Chevron».
Folkman relata que Guerra volvió a narrar su historia respecto a que la sentencia de la ciudad de Lago Agrio no fue redactada por la instancia judicial de la provincia de Sucumbíos.
En esa sentencia se obliga a Chevron a pagar 19.000 millones de dólares por compensación a los afectados, en daños ambientales y salud que surgieron a partir de su negligente operación en la Amazonía del Ecuador entre 1964 y 1990.
Sin embargo, el testimonio de Guerra podría ser el argumento que Chevron intenta imponer en la corte de Nueva York, afirmando que la justicia ecuatoriana era mejor antes que el del gobierno de Rafael Correa.
Chevron trabó el juicio durante 10 años exigiendo que el litigio se lleve a cabo en Sucumbíos, Ecuador. Luego se obtuvo dos sentencias que culminaron con la orden de pago para reparación ambiental.
¡Bienvenido!
La petrolera, al no contar con bienes embargables en Ecuador, obliga a los demandantes a trasladar la sentencia al exterior, en una acción que Chevron intenta impedir en Estados Unidos.
La semana pasada el juicio comenzó en una corte de Nueva York. El juez Lewis Kaplan ordenó que el proceso se desarrolle sin jurado, aunque la decisión fue rechazada por los afectados por considerar que el magistrado actúa bajo los intereses de la petrolera.
En septiembre de este año, el Gobierno ecuatoriano lanzó una campaña internacional contra la empresa petrolera estadounidense, por negarse acatar el fallo que la sentenció a pagar una indemnización de 19 mil millones de dólares para más de 30 mil pobladores afectados de la Amazonia.
