El canciller Ricardo Patiño dijo que no tiene información oficial sobre el supuesto asilo político que República Checa habría otorgado a José Luis Guerrero Martínez, vinculado con los hechos del 30 de septiembre del 2010. Este lunes, cadenas internacionales como la agencia EFE, aseguraron que dicho país le habría concedido el asilo.
Sin embargo, Patiño sostuvo que en esta ocasión, a diferencia de la concesión de asilo al hermano de José Luis Guerro, Pablo Guerrero, el gobierno de República Checa solicitó información sobre el caso, «estamos preparando la información para enviarle a la República Checa, hasta ahora no tenemos información, no puedo confirmar si le han dado el asilo o no».
Comentó que la Cancillería recibió una solicitud de información «judicial» y que se pidió al Ministerio de Justicia que elabore la documentación para enviar a República Checa, «no puedo confirmar ni desmentir la noticia. Estamos preparando los documentos para enviarlos», reiteró.
El ministro dijo que a ese país se enviará «todo lo que haya», sin descartar que se envíen videos de su incursión a la fuerza al edificio de Medios Públicos el 30 de septiembre de 2010, que provocaron destrozos en el bien público ese día.
Patiño manifestó que aún no ha leído la información difundida sobre el caso, pero que «a veces las cadenas internacionales tergiversan la información».
Dijo que «todo el mundo sabe lo que pasó el 30-S, lo que debemos hacer para no perder la memoria es poner en el día entero todo lo que sucedió ese día, todos sabemos lo que pasó, el secuestro del presidente Correa, las adhesiones en contra de él, como se lo salvó, cómo se lo rescató, la muerte de las personas que estuvieron a su lado», dijo, a la vez que sostuvo que pensar «que se utilizó al 30-S es ponerse casi en las declaraciones de Cléver Jiménez, que fue desacreditado por hablar tanta cantidad de ridiculeces, decir que el presidente salió, organizó su rescate, son mentiras de bulto, que no pueden sostenerse».
El lunes, la cadena internacional EFE publicó que un informe de la diplomacia checa, que se recoge en un documento del Ministerio del Interior, considera que «el presidente ecuatoriano, Rafael Correa sólo aprovechó los sucesos del 30 de septiembre de 2010 para castigar de forma ejemplar a activistas disidentes y librarse de personas incómodas».
La Fiscalía acusó a los hermanos Guerrero, vinculados al Partido Sociedad Patriótica, y 11 personas más por el delito de sabotaje por irrupción y destrucción de bienes públicos contra del canal público EcuadorTV el 30-S.
