El Consejo de Educación Superior (CES) ha realizado una amplia investigación a la Universidad de Guayaquil. En el informe se detalla una serie de irregularidades en la institución.
Según el documento, se han detectado depósitos a cuentas bancarias de autoridades y terceros. Por ejemplo, los pagos en las extensiones universitarias (hoy cerradas) se hacían a nombre de funcionarios.
En el informe se adjuntan cheques con los que se efectuaban estos pagos. También se detectó el cobro de servicios de alimentación en los seminarios. Esos fondos van a la empresa Agronivel.
Más del 70% del presupuesto de la Universidad de Guayaquil se asigna a los gastos administrativos. Funcionarios del CES detectaron alzas injustificadas del sueldo en más del 300%, mientras que los honorarios de los docentes son bajos.
El informe pone el caso de funcionarios que pasaron de ganar 532 a 2.018 dólares, lo que representa un alza del 396%.
Pese a ello, la Universidad mantiene una deuda patronal con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Además, el cogobierno prácticamente no existe en el Alma Mater, ya que los representantes de los estudiantes son docentes o autoridades.
Las autoridades del centro de educación superior aprueban prórrogas, calificadas de ilegales en el informe, a los supuestos representantes de los estudiantes.
También se halló que en las facultades se abren carreras sin que éstas hayan sido aprobadas, incluso son aceptados alumnos a pesar de que no se cuenta con los permisos necesarios.
La gratuidad prácticamente no existe, porque debido al constante cobro de tasas, los estudiantes pagan facturas todos los meses.
