«Si Chevron pierde el caso se abrirá la temporada contra las empresas estadounidenses en jurisdicciones extranjeras corruptas», alertó Randy Mastro, abogado de Chevron, al juez Lewis Kaplan, presidente de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en donde el martes pasado inició el juicio entablado por la transnacional en contra de indígenas, abogados y asesores de los 30 mil afectados por la contaminación ambiental dejada por la compañía al norte de la Amazonía ecuatoriana.
Así lo recogió el diario estadounidense El Nuevo Herald, destacando que Mastro acusó al abogado Steven Donziger -representante legal de los indígenas amazónicos- de ganar fraudulentamente el juicio hace dos años en Ecuador.
Frente a ello, Richard Friedman, abogado de Donziger, durante su intervención en el juicio retrató a su cliente como un héroe para los afectados por la contaminación. «Él estaba tratando de que una corporación multinacional rindiera cuentas por los daños ambientales a un país del tercer mundo. Está aquí porque se las arregló para conseguir justicia para sus clientes», resaltó.
Sin embargo, Mastro insistió en persuadir al juez de que si la petrolera pierde el caso, «se abrirá la temporada contra las empresas estadounidenses en jurisdicciones extranjeras». Y fue más allá al señalar que, para ganar el juicio en Ecuador, «Donziger planeó y orquestó un esquema que involucraba múltiples actos de fraude electrónico, correo, extorsión, soborno, manipulación de testigos y lavado de dinero».
Esta declaración se enmarca dentro de los testimonios y pruebas que desde el martes pasado y por 2 semanas, presentan los abogados de Chevron para convencer a Kaplan de que la sentencia de la justicia ecuatoriana que condenó a la transnacional a pagar indemnización de $ 19 mil millones por daño ambiental, fue «fraudulenta», y que el abogado y asesores estadounidenses «falsearon» informes medioambientales y sobornaron al juez que dictó la sentencia: Nicolás Zambrano.
No obstante, la compañía estadounidense no accedió a acatar la sentencia y en febrero pasado interpuso la demanda por violación de la Ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) frente a la asociación para delinquir y extorsionar en un tribunal de Nueva York, contra 60 personas entre abogados, asesores e indígenas y campesinos afectados, para suspender la ejecución de la sentencia.
Pablo Fajardo, procurador común de los ecuatorianos en el juicio de la Corte de Sucumbíos contra la compañía, destacó: «La acusación planteada por Chevron (en Nueva York) es la segunda victimización que realiza a los habitantes del norte de la Amazonía. La primera fue contaminar 450 mil hectáreas de selva virgen por malas prácticas extractivistas. La segunda, lo irónico es que Chevron busca limpiar su imagen no reparando el daño sino silenciando a sus víctimas, a quienes acusa de conspirar para extorsionarla».
Mientras, el portal digital Noticias Venezuela (http://noticiasvenezuela.org), destacó que más allá de la suma millonaria que está en juego y, sobre todo, del futuro y las condiciones de los afectados, «la importancia del proceso (en Nueva York) estriba en que el fallo puede sentar un precedente sobre la influencia en otros tribunales extranjeros, de las resoluciones dictadas por el sistema legal de EE.UU., y la competencia de este para juzgar la mala praxis de ciudadanos estadounidenses en juicios que se desarrollan en el exterior».
«Nuestro objetivo es obtener por parte de la jurisdicción estadounidense, una opinión que reconozca que la sentencia ecuatoriana fue producto del fraude y la corrupción, y que esa decisión envíe un mensaje a otras cortes del mundo de que la ejecución del fallo contra Chevron no debería prosperar», indicó James Craig, asesor de la petrolera para África y América Latina, en diálogo telefónico con diario El País.
Cuando la Corte de Justicia de Sucumbíos dictó la sentencia contra Chevron (2011), dicha transnacional ya había salido de Ecuador, por lo que los afectados buscan que se ejecute el fallo en otros países, entre ellos: Canadá, Argentina y Brasil. Es en esas cortes en donde la compañía espera que un fallo favorable del tribunal neoyorquino pueda influir en sus respectivas decisiones.
El origen de la disputa legal se remonta a 1993, cuando Donziger interpuso una demanda ante los tribunales de Nueva York en nombre de 30.000 afectados, exigiendo una reparación económica a Texaco, la cual consiguió que la demanda fuera admitida en Ecuador y, cuando Chevron adquirió la compañía en 2001, también heredó la contienda legal.
Durante el proceso, la petrolera estadounidense alegó que Texaco invirtió $ 40 millones en tareas de limpieza y retiro de productos tóxicos bajo la supervisión y posterior aprobación del Gobierno ecuatoriano. En 1992, cuando terminó la concesión para la explotación de Texaco, ésta pasó a manos de Petroecuador.
En 1998, en el gobierno de Jamil Mahuad, Ecuador firmó el finiquito mediante el cual, pese a no haber tal remediación ambiental, eximía «para siempre» a Texaco de toda responsabilidad. De aquello da fe una auditoría de la Contraloría.
Pese a eso, Chevron argumenta actualmente ante la justicia estadounidense y en el Tribunal Arbitral de La Haya, en donde interpuso una demanda contra el Estado ecuatoriano, que ese pacto le redimía de toda obligación legal y que el único culpable de la contaminación era Petroecuador. Ese argumento ha sido recogido, incluso, por periodistas, editorialistas y expertos petroleros ecuatorianos.
Por ello, la Secretaría de Comunicación (Secom), el 8 de octubre pasado invitó públicamente a 39 personas, de las cuales siete asistieron el martes último al Pozo Aguarico 4, en Sucumbíos, para confirmar tal situación: Rosalía Arteaga, exvicepresidenta de la República; Miguel Rivadeneira, editorialista de diario El Comercio y director de Radio Quito; Gonzalo Rosero, director y dueño de Radio Democracia; Thalía Flores, Omar Ospina y César Coronel, editorialistas del diario Hoy; y Kléber Mantilla, de La Hora.
Arteaga, Flores, Mantilla y Coronel hundieron sus manos para palpar la sustancia aceitosa que se encuentra en medio de la vegetación. Entonces observaron que sus guantes quedaban manchados de petróleo y percibieron el olor a combustible. Rosero dijo a la prensa que no se puede negar el daño y apuntó a que se debe sancionar a los responsables de firmar el Acta Final en 1998. Rivadeneira y Arteaga coincidieron en que es necesario cuantificar los gastos respecto a la remediación de la contaminación y se preguntaron qué se ha hecho para sancionar a los responsables.
Según Rivadeneira, la contaminación de la petrolera siempre fue un secreto a voces y este ha sido un hecho lamentable y condenable, en donde lo importante es remediarlo. «Quién lo hizo es algo que debe estar en los documentos. No podría pronunciarme todavía porque hay que revisar esos documentos y mirar qué ha ocurrido», agregó Arteaga.
Mantilla sostuvo que se debe cuestionar sobre la necesidad de seguir explotando el crudo de nuestro subsuelo, pero en todo caso coincidió con el resto de invitados, en que la contaminación es evidente.
MCLAUGHLIN NO ACEPTA MENTIRA DE CHEVRON
La alcaldesa de Richmond (EE.UU.), Gayle McLaughlin, lideró ayer una manifestación de alrededor de 30 personas en las afueras del Municipio de Nueva York, en apoyo y solidaridad con los demandantes ecuatorianos en sus batallas legales contra Chevron, entre ellas el juicio RICO que la multinacional petrolera entabló en contra de los afectados por la contaminación causada por esa empresa en la Amazonía ecuatoriana. «El corazón de este caso realmente son los derechos humanos, la justicia y la protección ambiental», dijo la burgomaestre.
En esa movilización se congregaron, junto a la alcaldesa, ciudadanos de Richmond, en donde McLaughlin recordó su reciente visita al Ecuador para constatar el daño ambiental.
Mientras tanto, ayer se conoció que el 20 de septiembre y el 9 de octubre pasados, representantes de Chevron enviaron una carta a McLaughlin pidiendo hablar sobre el caso y advirtiéndole que ella está desinformada sobre la situación en Ecuador.
En su carta aseguran que no existe riesgo de cáncer en la Amazonía ecuatoriana. Ante ello, McLaughlin respondió que personalmente constató los abusos y contaminación en Ecuador. «En Richmond también hemos sentido la mano sucia de Chevron», dijo.
