La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 92 votos el proyecto de ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.
El periodo en que más víctimas se registran, de acuerdo a la Comisión de la Verdad que analizó los casos de violaciones a derechos humanos, es en el que fue presidente León Febres Cordero. En ese mismo periodo (1984-1988), el actual alcalde de Guayaquil fue gobernador de la provincia del Guayas y, según las víctimas, él habría sido testigo de torturas a civiles ecuatorianos.
La Ley de Víctimas, como se conoce a esta normativa, establece que el Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad objetiva sobre las violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad y reconoce que las víctimas sufrieron vulneraciones injustificables contra su vida, libertad, integridad y dignidad por lo que debe garantizarse el derecho al conocimiento de la verdad de los hechos, a la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos ocurridos.
Prevé que el Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso documentados por la Comisión de la Verdad y reparará de manera integral a las personas que hayan sufrido vulneraciones y violaciones de los derechos humanos.
La Procuraduría General del Estado reglamentará el procedimiento para los acuerdos reparatorios y tomar todas las medidas para su cumplimiento.
En el plazo de 90 días, desde la publicación de la Ley, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, el Registro Civil y demás entidades del Estado, implementarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a las responsabilidades determinadas por este cuerpo normativo.
El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino, acogió la propuesta de la legisladora María Augusta Calle, para que el Ministerio de Cultura, construya un museo de la memoria en uno de los centros clandestinos de tortura. Esta obra estará a cargo del Ministerio de Cultura.
