El Ministerio de Educación incluirá una cláusula en los convenios con los municipios para que estos transfieran al Estado los fondos que se requieran para intervenir en las infraestructuras de escuelas y colegios del país.
Augusto Espinosa, ministro de Educación, manifestó que los cabildos deben actuar en forma coordinada con el Estado. En la cláusula, los gobiernos seccionales «se comprometen a transferir una determinada cantidad de recursos para que se pueda desarrollar lo más pronto posible la obra que se requiere».
Según el titular del Ministerio, la propuesta fue notificada el lunes anterior a Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, y explicó que la inversión municipal para infraestructura escolar no sobrepasa los $ 10 millones en los últimos 3 años, cuando la ciudad requiere $ 1.500 millones en gestiones educativas que serían asumidos por el Gobierno.
En cuanto a la afirmación de Nebot de que el Cabildo está invirtiendo $ 15 millones anuales en el sector, Espinosa puntualizó que esta cifra incluye otras gestiones para la enseñanza y no solo infraestructura. «La inversión en obra física del Municipio de Guayaquil es de alrededor de $ 600 millones y para educación, en obra física no está destinando ni el 1% de ese monto».
En el marco de este tema, el titular del Ministerio del Ramo se reunió ayer con alcaldes y representantes de la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) para intercambiar criterios sobre las competencias e inversión en obras para el sector. «No hay ninguna pugna, solo queremos establecer que el Municipio de Guayaquil juegue con las mismas reglas que el resto de municipios, es decir, que se respete el régimen de competencias».
Espinosa precisó que hace dos meses, por pedido de algunos jefes de cabildos, firmó una circular para indicar a las autoridades de los planteles que no se acerquen a gestionar obras en los municipios porque ellos no podían ejercer esa competencia. «Si bien la Constitución establece -en el art. 264- que el mantenimiento y construcción de la infraestructura escolar es competencia de los municipios, también la misma Constitución y el Cootad determinan cómo se van a ir transfiriendo esas competencias».
El art. 269 de la Carta Magna establece que el Sistema Nacional de Competencias tendrá que, entre otras funciones,»regular la gestión de las competencias concurrentes (asignación y control de recursos económicos) entre los diferentes niveles de gobierno».
Mientras que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), en el art. 119, literal f, estipula, entre otras obligaciones, «disponer a los ministros de Estado y demás autoridades la transferencia de las competencias y recursos de conformidad con lo establecido en la Constitución».
Espinosa confirmó que miembros de la AME han propuesto que el Estado asuma la competencia sobre la infraestructura de salud y educación, como se publicó ayer en este diario, porque el presupuesto de los gobiernos autónomos resulta insuficiente.
Los burgomaestres asistentes al conversatorio con Espinosa expresaron las ventajas y desventajas de que el Estado se encargue de la ejecución de las obras educativas.
Clovis Álvarez, alcalde de Palenque, manifestó que un trámite de planificación con el Estado dilataría la entrega de gestiones que deben realizarse en forma inmediata. «Una planificación a largo plazo puede tomar 3 años y, mientras, los niños no pueden sentarse en el suelo».
Lorens Olsen Pons, alcalde de Bucay, afirmó que es necesaria una inversión estratégica en educación. «Hay que coordinar con el Estado la inversión, porque no es dable que nosotros, como municipio, comencemos a invertir en un plantel que posiblemente desaparezca».
El Ministerio destacó que hasta el final de 2013 se invertirá un total de $3.700 millones, que equivale al 11% del presupuesto general del Estado ($32.662 millones) previsto para 2013. La cifra destinada para el sector educativo supera en el 32% al gasto realizado en 2012 ($2.800 millones).
Guayaquil, según dicha Cartera, recibirá un alto porcentaje debido a que se tiene previsto aumentar la infraestructura escolar fiscal que actualmente es de 879 planteles.
