La petrolera estadounidense Chevron, acusada de contaminar el norte de la Amazonía ecuatoriana, buscó infiltrarse en el Gobierno de Rafael Correa para hacerle entender las «bondades» de llegar a un arreglo político en lugar de insistir en procesos judiciales, los cuales se ventilan dentro y fuera de Ecuador.
Chevron, que compró las acciones de Texaco, se valió incluso de funcionarios, políticos y expertos de EE.UU. y de Ecuador para presionar en sus objetivos, según revela un documento confidencial de la misma multinacional que data del 22 de octubre de 2010 (ver facsímil).
De esa manera, la compañía buscaba no cumplir con la sentencia de la justicia ecuatoriana y no ver mermada su imagen internacional al tener que pagar $19.000 millones por daños y perjuicios por la afectación a la flora, fauna, aire, agua y la salud de 30.000 miembros de cinco nacionalidades indígenas: Cofán, Siona, Secoya, Waorani y Kichwa, así como de campesinos de las provincias de Sucumbíos y Orellana.
El documento de 2010 es dirigido por Alec Watson, de la empresa Hill & Company, a Bill Irwin, de Chevron. Watson es director de la consultora internacional Hills & Company, dedicada a proveer información y asesorar a clientes con afán de negocios especialmente en Latinoamérica, Rusia e India. Además ofrece asesoría sobre disputas legales entre clientes, socios, empleados o gobiernos extranjeros.
Watson, por su parte, fue secretario Asistente de Estado de Relaciones Hemisféricas; representante estadounidense ante la ONU; embajador en Perú; encargado de relaciones en Brasil, Colombia y Bolivia y varios países de Europa; director de desarrollo financiero y manejo de relaciones con el Congreso en conflictos económicos internacionales para el Departamento de Estado, de donde tras retirarse pasó a liderar el programa internacional «The Nature Conservancy».
También trabajó en varias ONG, incluida la presidencia de la Fundación Panamericana de Desarrollo y la Fundación «Chapman Cox».
Reunión al más alto nivel
En el documento confidencial, Watson comenta que se reunieron con Arturo Valenzuela, en esa época Subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental.
La reunión tuvo lugar en la oficina de Valenzuela, a la cual también asistieron el entonces Subsecretario Adjunto de Estado, Jeffrey DeLaurentis; el director de la Oficina de Asuntos Andinos, Kevin Whitaker; y el funcionario responsable de tomar nota (notetaker), Moisés Behar. «Inicié la reunión comentando favorablemente sobre el esfuerzo de la Administración de desarrollar una relación de trabajo constructiva con el presidente Correa y su Gobierno. Apoyando ese esfuerzo, ofrecí una propuesta aprobada por Chevron y discutida previamente con el ex subsecretario Adjunto, Craig Kelly, para promover una discusión entre el gobierno ecuatoriano y Chevron, para resolver el polémico caso de la contaminación en Lago Agrio», refiere el documento.
El pretexto para lograr el acercamiento con Correa era la supuesta intención del gobierno estadounidense de mejorar las relaciones con Ecuador. Es por ello que señalan: «El concepto central es que el Gobierno de EE.UU. transmita a Correa que en el interés de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales, cree que sería útil retirar el complicado tema de Lago Agrio de la agenda, en vez de dejar que los múltiples procesos legales se prolonguen interminablemente, como parece ser el caso».
En ese sentido, la empresa consultora, con la venia de Chevron, destacó que el Subsecretario podía expresar a Correa: «El Gobierno de EE.UU. cree que sería mejor para todos si el Gobierno ecuatoriano entabla discusiones significativas sobre Chevron, incluyendo el juicio de arbitraje desfavorable de $700 millones contra Ecuador (que vendrá pronto); la validez de comunicados que el Gobierno ecuatoriano (en 1998, con Jamil Mahuad) dio a TexPet (subsidiaria Texaco); las Preferencias Arancelarias Andinas (Atpda), programas de desarrollo para la gente del Oriente, etc».
Para no evidenciar la presión del Gobierno estadounidense, asimismo, se recomendaba aclarar que esas autoridades no estarán involucradas en ninguna de las discusiones ni negociaciones, pero que tratará de abrir las puertas para aquello, y que si el presidente Correa está interesado, para que la iniciativa sea exitosa, deberá nombrar a un representante totalmente autorizado.Señalaba que ha notado que desde la perspectiva del Gobierno de EE.UU. un acercamiento con Correa demostrará el continuo interés de mejorar las relaciones y podría resultar en una resolución del tema Chevron.
Destacaba que la reunión con funcionarios del Departamento de Estado fue originalmente planeada para el 10 de septiembre (2010), pero cambiaron de fecha hasta determinar el enfoque, pues querían atraer la atención del Gobierno de EE.UU. a las importantes revelaciones del proceso de descubrimiento referente a las escenas omitidas en la película «Crudo».
«El acercamiento que estamos proponiendo a Correa sería separado, paralelo a los procedimientos legales que deberán seguir, incluyendo los descubrimientos de 'Crudo' que pueden llegar a ser más complicados para los demandantes y el Gobierno ecuatoriano. Chevron debe seguir tomando medidas legales para asegurar que se pueda defender de su aplicación en los EE.UU. o en otro lugar, de cualquier decisión adversa de las cortes ecuatorianas», añade.
Las medidas sutiles para que los funcionarios del Gobierno estadounidense se acerquen a su similar de Ecuador las toman considerando que Chevron ya había buscado, en siete ocasiones anteriores, acercarse a la administración de Correa, pero siempre fueron rechazados.
Según Watson, tras la reunión Valenzuela le respondió que estaba muy interesado y simpatizaba con la propuesta, pero «la desconfianza de Correa hacia otros fuera de su círculo es más fuerte que nunca. Está resguardado por un grupo pequeño de asesores, incluyendo el canciller Patiño, y es poco probable que simpatice con cualquier propuesta por el momento. Valenzuela precisó que es imposible contactarse directamente con Correa ahora… Entonces, cualquier acción con nuestra propuesta probablemente tendrá que esperar hasta el próximo año».
Por ello, Valenzuela y sus colegas se plantearon algunas interrogantes, entre ellas, ¿cómo Correa podría gestionar políticamente un acuerdo con Chevron en vista del proceso judicial de Lago Agrio, la presión política y toda la retórica negativa? Y Watson contestó: «Entiendo que esto es difícil, pero Correa está en la mejor posición para resolver esto, si él quiere una solución negociada».
«Podemos hacer referencia a las decisiones de ex fiscales generales en cuanto a que los acuerdos de liberación son legales y vinculantes. Señalé que Chevron entiende que todo acuerdo debe ser presentado como victoria para Correa, quien mostrará que ha obtenido de Chevron beneficios para la gente del Oriente y asistencia para que Petroecuador fomente esfuerzos de limpieza. El subsecretario vio que con los $700 millones del juicio de arbitraje desfavorable para Ecuador y la financiación para el desarrollo citado por Edward Scott en nuestra reunión previa, más los posibles esfuerzos de remediación ambiental, el paquete de Chevron sería muy atractivo para el Gobierno de Ecuador», anota el documento confidencial.
