«Apoyamos la explotación para que el gobierno siga atendiendo a la Amazonia, para que se vaya recuperando la naturaleza, para que se vaya limpiando la contaminación y sobre todo para que vayamos combatiendo la pobreza en la Amazonía. Aquí estamos expresando nuestra voz, estamos con el desarrollo, estamos con la vida, estamos con la biodiversidad», dijo Yofre Poma, alcalde de Lago Agrio, a los manifestantes.
El mandatario ecuatoriano Rafael Correa decidió en agosto poner fin al mayor proyecto ambiental del país: dejar bajo tierra 846 millones de barriles de petróleo a cambio de donaciones internacionales de $ 3.600 millones, luego de que la iniciativa captó sólo 13,3 millones de dólares en efectivo en seis años.
Debido a ello, Correa decidió explotar crudo en el centro de la Amazonía, declarada en 1989 reserva mundial de la biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco) en atención a su gran diversidad de animales y plantas.
«Los alcaldes y la población estaremos ahí presentes, atentos con la finalidad de que las cosas se hagan como se tienen que hacer, protegiendo el ambiente en el Yasuní», dijo el alcalde de Tena, Washington Varela.
Los alcaldes y los pobladores llegaron en marcha hasta la Asamblea donde fueron recibidos por la comisión de Biodiversidad, encargada de estudiar y aprobar o rechazar la intención gubernamental de explotar petróleo en el Yasuní.
Poma señaló que «queremos que la Asamblea declare de interés nacional la explotación de petróleo en el Yasuní».
Correa ha dicho que la explotación afectará sólo el uno por mil del Yasuní, que tiene cerca de un millón de hectáreas. El gobierno espera obtener 18.200 millones de dólares durante todo el tiempo de explotación de ese recurso.
Organizaciones de indígenas, ecologistas, campesinos y estudiantes, entre otras, quieren forzar una consulta popular para que los ecuatorianos decidan si quieren explotar o conservar el petróleo en el Yasuní, para lo que deben recoger y validar cerca de 600.000 firmas.
