El Gobierno de Ecuador desistió de la demanda contra Colombia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, una vez que ambos países suscribieron un acuerdo para resolver el problema de las fumigaciones de cultivos ilícitos en la frontera.
El procurador del Estado, Diego García, comunicó hoy a la CIJ la decisión de desistir de la demanda, pues los cancilleres de ambos países «suscribieron un acuerdo con el que dieron por terminada la disputa existente entre las dos naciones relacionada con la erradicación del área de los cultivos ilícitos en la zona de frontera binacional», indica un comunicado de la Procuraduría.
Con la suscripción del acuerdo «se han satisfecho todos los reclamos que originaron la controversia», apunta. Este documento se basa en la aplicación de instrumentos internacionales reconocidos por ambos países, en especial la Carta de Naciones Unidas, a través de una solución amistosa, final y definitiva a la controversia que llevó a Ecuador, en marzo de 2008, a presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, por lo que consideraba una violación a su soberanía e integridad territorial.
De esta manera, ambos gobiernos ratificaron su intención de construir una agenda positiva que permita el desarrollo sostenible de la población de la zona de frontera, dentro del nuevo marco que impulsa las relaciones entre los dos países inspirados en la solidaridad y la cooperación.
Colombia se comprometió a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que sus labores de erradicación de cultivos ilícitos pueda generar un efecto nocivo en Ecuador, para lo cual se estableció una zona de exclusión de 10 kilómetros contados desde la zona de frontera, misma que se podrá reducir única y exclusivamente en el caso en que se demuestre que las aspersiones no hayan alcanzado territorio ecuatoriano. Adicionalmente, el acuerdo incluye limitaciones previendo parámetros de altura, velocidad, condiciones climáticas, horarios, así como ingredientes y concentración de la fórmula utilizada en las fumigaciones.
De igual forma se previeron mecanismos de control y verificación sobre el cumplimiento de los límites y protocolos de fumigación, de manera que garanticen al Estado ecuatoriano un total respeto de los términos del Acuerdo.
El acuerdo también contempla que Colombia entregue a Ecuador una contribución económica orientada al desarrollo social y económico de la frontera norte del Ecuador, particularmente en las zonas afectadas por las aspersiones aéreas que generaron la controversia.
La suscripción del acuerdo puso fin a un conflicto que tenía alrededor de cinco años y cuya audiencia oral estaba programada desde el 30 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2013 en La Haya.
