Dirigentes y abogados de las 30.000 víctimas de la contaminación causada por la explotación petrolera ejecutada al norte de la Amazonía ecuatoriana durante un cuarto de siglo por Texaco (Chevron), así como una auditoría de la Contraloría General y varios estudios, reflejan que la falta de una remediación técnica aún afecta a la salud humana, animal y actividades agrícolas.
La muestra estaría no solo en la afectación a la flora, fauna, aire y agua, sino a la salud de miembros de cinco nacionalidades indígenas: cofán, siona, secoya, waorani y kichwa, y a los miles de campesinos de Sucumbíos y Orellana.
Pese a que Texaco (cuyos derechos y obligaciones adquirió Chevron el 9 de octubre de 2001) dejó de operar en Ecuador hace una década, aún existen elementos contaminantes vertidos en el ambiente como resultado de las prácticas inadecuadas y dañinas empleadas, las que -según denunciaron los afectados- continúan produciendo daños ecológicos, ambientales, patrimoniales y personales, los cuales ni la transnacional estadounidense ni su subsidiaria (Texpet) han reparado.
Si bien el juicio civil entablado por los afectados hace 20 años en contra de la compañía estadounidense fue por daño ambiental y lo ganaron, el abogado de las comunidades y campesinos, Pablo Fajardo, manifiesta que los efectos consecuentes están a la vista, entre ellos la salud humana y animal.
Según estudios que han servido para amparar la demanda de los afectados, se calcula que entre 1972 y 1992 Texaco contaminó el suelo, esteros, pantanos, ríos y cauces naturales con 464'766.540 barriles de agua de formación, que resultan altamente tóxicas porque contienen petróleo (hasta 5.000 partes por millón) y están supersaturadas con sales de metales pesados, como cadmio y mercurio.
Texaco abrió 549 piscinas en los años que operó en la Amazonía, pero al concluir su actividad en 1992 solo taponó varias de estas y dejó en el interior todo su potencial contaminante. Luego, cuando forzada por las circunstancias Texaco se comprometió a la reparación ambiental (en 1995), el gobierno de Jamil Mahuad avaló en 1998 que efectuó trabajos de limpieza en muchas de ellas, pero una auditoría de la Contraloría realizada entre 1997 y 2000 determinó que los desechos tóxicos resultantes fueron sepultados en recipientes de concreto, como el denominado «sarcófago» construido junto a la Estación Sacha Central.
Además, Texaco quemaba los gases de desecho al aire libre, sin adoptar medidas para evitar o acentuar la contaminación con partículas altamente tóxicas. En ese sentido, se calcula que quemó en total 235.000 millones de pies cúbicos de gas.
También arrojó sistemática y continuamente, por más de dos décadas, desechos de crudo en los caminos de la zona para evitar que el intenso tránsito de su personal y equipos levante, en los períodos de sequía, grandes cantidades de polvo.
Esos procedimientos de Texaco contaminaron el suelo, cursos naturales de agua y el aire; destruyeron la vida acuática, la vegetación natural y los cultivos. Incluso, el agua lluvia fue contaminada debido a la dispersión en el aire de los gases resultantes de la combustión de los rudimentarios mecheros.
A consecuencia del deterioro ambiental, la población de Sucumbíos y Orellana se vio gravemente afectada en su salud y en expectativas de vida, al soportar la acción de los tóxicos, ya sea por haber entrado en contacto directo con ellos en el agua o en el suelo, por ingerirlos, respirando el aire contaminado, bebiendo el agua o consumiendo productos de animales que, a su vez, habían sufrido ya los efectos.
Los estudios han demostrado que el 83% de la población de Sucumbíos y Orellana ha sufrido enfermedades atribuidas a la contaminación, los más afectados fueron los menores de 14 años de edad. A causa de ello, la tasa de mortalidad en las comunidades expuestas a contaminación petrolera es superior a la media nacional y la incidencia del cáncer, como causa de mortalidad, triplica la media nacional y es cinco veces superior a la media de otras provincias amazónicas.
Incluso, cerca del 75% de la población que vive en áreas próximas a pozos y estaciones donde operó Texaco, se ha visto afectada por la pérdida total o parcial de cultivos. La fauna nativa y animales domésticos vieron alterado su ecosistema y al ingerir alimentos contaminados murieron, mientras que otros siguen acabando atrapados en las piscinas.
Asimismo, el 94% de familias ha perdido animales a causa de la contaminación que dejó como herencia la petrolera estadounidense, los más frecuentes: vacas, cerdos y gallinas.De esa manera, las prácticas de Texaco debilitaron más la ya frágil economía familiar de los habitantes de esas zonas de la Amazonía y aumentó la pobreza de los indígenas y campesinos.
De allí que, según Humberto Piaguaje, coordinador ejecutivo de la Unión de Afectados por Texaco, es importante que Chevron cumpla la sentencia de la justicia ecuatoriana y pague la indemnización. Además, que deje de perseguir a dirigentes y abogados de los afectados