El debate al interior de la Asamblea para declarar de interés nacional la explotación petrolera de los campos 31 y 43 del Yasuní, se intensifica por la posible presencia de pueblos no contactados.
El bloque de Alianza PAÍS apoya la explotación, pero insiste en mantener intacta la zona en la que habitan los pueblos no contactados o en aislamiento voluntario.
Según el informe presentado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, debido a las condiciones ambientales, geográficas y sociales de los bloques 31 y 43, se descarta la presencia de pueblos indígenas en aislamiento. Además, resalta que tampoco los taromenani ni los tagaeri utilizan esta zona como lugar de tránsito.
Virgilio Hernández (PAÍS) señaló que los legisladores de su bancada solicitaron informes aclaratorios y complementarios a las carteras correspondientes que avalaron el pedido del presidente Rafael Correa.
Él quiere que se compruebe que en los Bloques 31 y 43 no habitan los pueblos en aislamiento. Para el legislador, este es un tema «determinante» ya que la Asamblea debe respetar el artículo 57 de la Constitución, el cual garantiza los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades de Ecuador.
Además, el artículo 407 «prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles». Si se viola este principio, establece la Constitución de Montecristi, se presentan causales de etnocidio.
Por eso, los legisladores oficialistas quieren generar condicionamientos claros: no «tocar» la zona intangible bajo ninguna excepción por parte de la empresa estatal que esté a cargo del proyecto.
Es decir, que si hay un avistamiento durante la explotación, ésta debe cesar inmediatamente.
Hernández también desea discutir sobre el destino de los recursos económicos que se generarán con esta actividad extractivista, para el cambio de la matriz productiva.
La secretaria Nacional de Gestión de la Política, Betty Tola, aclaró que al intervenir en el uno por mil del Parque Yasuní el Gobierno garantiza y precautela la conservación de esta reserva natural.
La funcionaria descartó «fricciones» al interior del movimiento oficialista por concretar estos condicionamientos. «Esto forma parte de nuestras preocupaciones. El Gobierno planteó la decisión política de precautelar las condiciones donde habitan los pueblos en aislamiento voluntario con el Plan de Medidas Cautelares», comentó.
Ximena Ponce (PAÍS) coincide que la intangibilidad de algunas zonas va a determinar el debate. Ella quiere tener «absoluta» claridad sobre este tema para tomar una decisión.
Igualmente espera los informes no vinculantes de las comisiones especializadas de Justicia, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Derechos Colectivos y de lo Económico.
Justamente estas mesas legislativas empezaron ayer a laborar estos reportes por encargo del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
La comisión de Gobiernos Autónomos recibió a los representantes del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare).
Jorge Olmedo, representante del Congope, pidió establecer criterios claros en la utilización de los recursos que se generarían.
Paola Pabón (PAÍS), integrante de esta Comisión, resaltó que el presupuesto asignado a los gobiernos locales tiene dos vertientes: 20% de los ingresos permanentes del presupuesto general del Estado y el 10% de los excedentes de la venta petrolera. «Esto nos obliga a tratar con responsabilidad y a plantear un análisis respecto de los recursos que irían en beneficio de los gobiernos autónomos».
Mencionó que con la Ley 010, que garantiza la asignación de recursos económicos por la venta de petróleo a las provincias amazónicas, se orienta esa inversión y genera nuevos mecanismos de financiamiento y autosustento.
En tanto, la Comisión de Desarrollo Económico recibió al ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, y al ministro de Finanzas, Fausto Herrera.
Rivera hizo una evaluación macroeconómica del Parque Yasuní y confirmó que con un precio referencial de 70 dólares por barril, todos los GAD recibirían 1.568 millones de dólares solo por el bloque 43 y que por la Ley 010 recibirían 2.000 millones adicionales.
«Ecuador necesita garantizar, para ir más rápido en su plan de la lucha contra la pobreza, y en su plan de cambio de la matriz productiva, una oferta de dólares adecuada», sostuvo Rivera.
