Las últimos cierres de cooperativas de ahorro y crédito tienen inquietos a los legisladores ecuatorianos. El presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, Oswaldo Larriva, reconoce que hay preocupación por el funcionamiento de estas entidades, por lo cual considera importante reformar la Ley de Economía Popular y Solidaria para establecer un mayor control de estas instituciones.
Para tal efecto, indica, se convocará al superintendente de Economía Popular y Solidaria, Hugo Jácome, para que emita criterios respecto al tema, desde su visión como titular del organismo. «Por los problemas que existen ahora en algunas cooperativas hay que hacer varias puntualizaciones, exigencias adicionales para el mejor funcionamiento», explica.
Larriva enfatiza que «les preocupa» que haya demoras en el seguimiento y control de las cooperativas porque algunas incumplen sus obligaciones, perjudicando, al término del día, a los depositantes y socios de las entidades.
De su parte, el gerente de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur), Juan Pablo Guerra, considera que la ley no es perfecta, pero sí perfectible, por lo cual cree que tiene que evolucionar con el sistema. «Hay que promover una mesa de diálogo, junto con las autoridades de Gobierno, los órganos de integración cooperativo y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para establecer un sistema de revisión de la norma y que se haga un proceso de fortalecimiento», dice.
Menciona que la tarea de la Superintendencia deber ser de estricto control y regulación, pero también dar alternativas a través de los organismos de apoyo, como el Instituto de Economía Popular y Solidaria y la Corporación de Finanzas Populares.
Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), en el país existen 888 cooperativas de ahorro y crédito, que manejan unos 4.800 millones de dólares, siendo un componente de alrededor del 24% del sistema financiero nacional, con cerca de 5 millones de clientes.
Controles
El superintendente Hugo Jácome precisa que el trabajo de la SEPS es insertar a las cooperativas en los procesos de control y supervisión que establece la entidad, que cuenta con un plan anual de supervisión que se cumple periódicamente. «Todos los meses visitamos las cooperativas para ver si cumplen lo establecido en la normativa para evitar que se pongan en riesgo los depósitos y el dinero de los socios, y también velar por el buen manejo económico y financiero de las organizaciones», indica.
Jackeline Domínguez, subgerenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jep, con 400.000 socios en el país, manifestó que los controles son importantes en el sistema para evitar que ingresen fondos de dudosa procedencia. «Nos realizan cuatro auditorías cada año en todos los procesos y áreas de la institución de riesgos, que este año es A+. Firmas importantes nos hacen las auditorías externas», cuenta.
La cooperativa, cuya matriz funciona en Azuay, posee 600 millones de dólares en activos. La cartera de crédito de Jep hasta mayo de este año superó los 500 millones de dólares.
