La Policía realiza el seguimiento de 35 casos de personas desaparecidas en el país, de las cuales 7 han sido identificadas y 28 están en proceso de investigación, así lo informó el ministro del Interior, José Serrano, durante el último enlace ciudadano desde la población de Checa, en la provincia de Pichincha.
Para eso, el Secretario de Estado informó sobre la creación de la Unidad de Seguimiento de casos de desaparecidos, adscrita al Ministerio del Interior. Asimismo, a través de la Inspectoría General de la Policía, ha dispuesto que se inicie la investigación del retraso en los procesos de indagación, y donde se evidencien posibles actos de indolencia, negligencia e inclusive dolo por parte de los agentes.
La implementación de una política de recepción de denuncia inmediata a la desaparición y el fortalecimiento de equipos de trabajo operativos para reacción inmediata, son algunas de las ventajas que se dará por medio de la Unidad.
El Primer Mandatario manifestó que se han cometido errores garrafales por parte del Estado y que, aunque no ha sido culpa del actual régimen, se los asumirá como muestra de responsabilidad.
Anunció que dedicará unos dos días para reunirse con cada uno de los familiares de los desaparecidos.
«Es difícil soportar la desaparición de un ser querido, y encima de eso encontrarse con la indolencia de ciertos policías o fiscales. Estamos haciendo todo lo posible para que se esclarezcan todos estos casos y corregir algunos «horrores» que se han cometido», dijo el presidente Correa, que citó como ejemplo el caso de una joven que desapareció y solo después de 6 meses se empezó a indagar, por el hecho de que al policía asignado no le dio la gana de seguir adelante con la investigación.
Serrano señaló que la desidia de investigar estas «tragedias» -como las llamó- no se daba precisamente por la falta de instrumentos para investigar o de dotación de ciertas herramientas, sino por la indolencia de un sistema al que lo mismo le daba que se pierda un objeto o que una persona desaparezca.
«12 casos fueron archivados sin explicaciones tan solo por cumplir formalismos, ya que se venció el plazo de indagación previa que es de un año y que está estipulado en el Código de Procedimiento Penal, por lo que se está trabajando con los asambleístas en las reformas pertinentes», indicó el funcionario.
