Mediante cadena nacional, el presidente Rafael Correa anunció anoche que el Gobierno explotará el petróleo del Parque Nacional Yasuní, con lo que se obtendrían 18.000 millones de dólares que se destinarán a la Amazonía.
Con ello, el Gobierno puso fin a la denominada iniciativa Yasuní-ITT, que lanzó en el 2007, para obtener 3.600 millones de dólares en contribuciones financieras de la comunidad internacional para dejar el petróleo bajo tierra.
Para viabilizar esta decisión, a la que calificó de necesaria, Correa firmó el decreto Nº 74 en el que establece que solicitará a la Asamblea Nacional la declaratoria de interés nacional al aprovechamiento del petróleo en el Yasuní, que afectará a menos del uno por mil del parque, el cual tiene en total más de un millón de hectáreas.
El decreto establece la liquidación de los fideicomisos para administrar los recursos que obtuviera la propuesta de no explotar 920 millones de barriles de petróleo de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT).
Tras enfatizar que el factor fundamental del fracaso de esta propuesta fue que «el mundo es una gran hipocresía, pues la lógica que prevalece no es la de la justicia, si no la del poder», Correa explicó que el aprovechamiento de las reservas del ITT arrojaría un valor presente neto de $ 18.292 millones que se destinarán «a vencer la miseria, especialmente de la Amazonía».
De estos recursos, especificó, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de la Amazonía recibirían $ 258 millones por la Ley 010, y $ 1.882 millones por la repartición del 12% de los excedentes petroleros.
Anunció que los trabajos en el campo Tiputini, que estarán a cargo de la estatal Petroamazonas, se iniciarán en las próximas semanas una vez terminada la consulta previa y con los permisos ambientales respectivos, pues el 80% de este campo está fuera del parque.
El mandatario anunció que se lanzará una campaña comunicacional para explicar las técnicas de extracción de última generación que se emplearán.
Esta semana algunas organizaciones retomaron el pedido de que el tema sea definido en una consulta popular, como manda el art. 407 de la Constitución para los casos en que se pretende explotar recursos en áreas protegidas y declaradas intangibles.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desafió al presidente a hacerlo (convocar a consulta popular) el pasado miércoles.
