El rechazo de la justicia venezolana de la demanda de impugnación del triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales de abril, presentada Henrique Capriles, no solo es de última instancia sino que abre la puerta al enjuiciamiento del líder de la oposición venezolana.
En efecto, bajo el argumento de que Capriles vilipendió a las autoridades electorales al cuestionar el estrecho triunfo de Maduro pese a decenas de irregularidades denunciadas. Fuentes contactadas por el diario El Nuevo Herald alertaron de esa posibilidad.
Según ellas, el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitido el miércoles fue cuidadosamente preparado para acusar a Capriles de incurrir en dicho delito; proceso que podría sumarse a la acusación de que el gobernador del estado de Miranda incitó las protestas que estallaron después de los comicios y que dejaron más de una docena de muertos.
Una de las fuentes consultadas por el rotativo dijo: «La acusación que le van a hacer a Capriles es de vilipendio porque cuestionó a un proceso que se cumplió al pie de la letra, de acuerdo a la Constitución y las leyes».
Otra fuente agregó que la estrategia busca neutralizar al líder opositor e incluso arrebatarle la gobernación de Miranda, ya que la denuncia de fraude ha generado una crisis de legitimidad para el Régimen de Maduro.
Según la primera fuente, si lo declaran culpable de vilipendio, además de asociación para delinquir e instigar al pueblo a que salga a la calle, acción que dejó tantos muertos […] podría llevar a una pena larga.
En su nota, El Nuevo Herald señala que funcionarios del Gobierno no estuvieron disponibles para hablar sobre el tema.
El delito de vilipendio, contemplado en el artículo 148 del Código Penal de Venezuela, no fue mencionado en la sentencia del TSJ, pero el pronunciamiento ordenó la apertura de una investigación penal contra Capriles.
Capriles y otros opositores acusan al TSJ de ser un apéndice del Gobierno desde 1999, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez asumió el poder, que ha servido para perseguir y amedrentar a quienes piensan diferente.
6to Poder: La SIP pide respetar el debido proceso
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió la liberación inmediata del presidente del grupo editorial 6to Poder, Leocenis García, cuya detención y el congelamiento de sus cuentas bancarias causaron el cese de publicación del principal periódico del grupo venezolano.
La SIP también pidió al Gobierno que respete las garantías jurídicas y el debido proceso, así como los derechos al trabajo y a la libre difusión de la información de todos los empleados y periodistas de 6to Poder.
Ocho trabajadores iniciaron el miércoles una huelga de hambre frente a la sede de OEA en Caracas, para exigir el descongelamiento de las cuentas, hecho que asfixió a la empresa, según denunció Alberto Rodríguez, director del semanario.
