La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi) entrega desde ayer los certificados de georreferenciación a las familias de Monte Sinaí, que habitan, en el noroeste de la ciudad, desde antes del 28 de diciembre de 2010.
Los documentos señalados detallan, con precisión, la ubicación geográfica, la antigüedad y el tamaño de las propiedades. Además, respalda que el morador podrá permanecer en el sitio para ser legalizado, pero aún no representa un título de posesión.
En el primer día se otorgaron 92 de los 135 documentos de ubicación que se pretenden entregar en las cooperativas Thalía Toral 1 y 2. En total se distribuirán 16.000 notificaciones de ese tipo.Julio César Quiñónez, titular de la Stpahi, explicó que se busca dar tranquilidad a los habitantes de los sectores para que descarten la posibilidad de desalojos como los realizados en las cooperativas Las Marías y La Camila.
También, aclaró que la Stpahi, para determinar la antigüedad del asentamiento y beneficiarse de los planes del Gobierno realizó un trabajo técnico, con el fin de establecer las coordenadas y tamaños de las propiedades. «Todavía tenemos dudas de una franja de alrededor de 38 viviendas, se hará el trabajo que tenga que hacerse, pero no se entregará inmediatamente».
Los certificados cuentan con marcas de agua e hilos de seguridad con el fin de impedir falsificaciones. «No son negociables, son personales y no representan un título de posesión, solo es un certificado que señala una ubicación geográfica».
Las notificaciones no serán otorgadas inmediatamente ni se darán a quienes tengan vínculos familiares con las personas investigadas en el tráfico de tierras. «Nosotros vamos a verificar hasta el último dato de la ubicación geográfica».
Los datos recabados de georreferenciación servirán también para reformar la Ley 88 (de Legalización de Tenencia de Tierra). Los asambleístas de PAIS que visitaron el sitio el fin de semana estiman que en 90 días, como máximo, estarán listos los cambios en el estatuto.
La Stpahi aclaró ayer que aún quedan por definir datos de 330 familias, distribuidas en 35 cooperativas de Monte Sinaí, para establecer si deberán salir de la zona.
Durante la visita de ayer a Thalía Toral, en algunas viviendas, donde no se entregaron los certificados, solo se dio un documento para que los propietarios se acerquen a las oficinas de la Stpahi para que arreglen la situación.
Las citadas propiedades no estuvieron incluidas en el último censo realizado, por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), hace tres años.
Propietarios de las viviendas que recibieron el documento para permanecer en Monte Sinaí se mostraron satisfechos. Es el caso de Flora Cruel, una octogenaria del sector, con una sonrisa demostró la tranquilidad que experimentó tras el aval de las autoridades. «No tengo a dónde ir y tenía miedo de que me sacaran de la casa como a una nuera que vivía frente a mi casa».
Algunas de las personas beneficiadas afirmaron que su permanencia en el sector obedece a sus limitaciones económicas para buscar casa o aplicar a planes gubernamentales de vivienda.
Mérida Barcia, quien vive 7 años en Thalía Toral 1, afirmó que depende de su progenitora para subsistir y criar a sus dos hijos. «Soy madre soltera y si hubiese aplicado a las casas del Gobierno habría sido complicado».
Quiñónez no descartó que haya iniciativas, junto con el Cabildo, para dotar de servicios básicos a las zonas de Monte Sinaí que sean legalizadas, aunque el Gobierno es el que más interés ha puesto en la situación de la zona.
Ilfn Florsheim, vocera de la concesionaria de la empresa Interagua, anunció que una vez definidos los sectores consolidados, se reconocerán los predios y la compañía hará el estudio del suelo en Monte Sinaí.
«Todo conlleva un proceso previo a la planificación que efectúen Emapag y el Municipio. Luego se realizarán los diseños y la licitación de las obras». La nueva entrega de certificados se hará después de que sea depurada la lista de terrenos.
