La providencia de la CNJ declaró «culpables en calidad de autores del delito de peculado a Roberto y William Isaías, Juan Franco Porras, Gastón García González, Leonardo Navas Banchón y Antonio Arenas» y los sentenció a ocho años de reclusión mayor ordinaria sin atenuantes que considerar por la alarma social que causó dicho delito.
La condena del juez de la Sala Penal de la CNJ, Wilson Merino, ordenó girar las boletas de encarcelamiento y proceder a su localización y captura (ver facsímil). Sin embargo, esto no se ha cumplido porque en el año 2000 huyeron hacia Estados Unidos.
Merino los declaró culpables de peculado al cabo de un proceso judicial de 13 años, en el que participaron 54 jueces, según la CNJ.
El fallo confirmaba, además, que los administradores de Filanbanco (los hermanos Isaías) no presentaron un balance de sus cuentas en 1998 y llevaron una contabilidad «irregular» que podría calificarse de «ilegal», basándose en una auditoría realizada por la firma internacional Price Waterhouse Coopers.
Tras conocer la condena, el fiscal general, Galo Chiriboga, expresó que se terminaba una historia lamentable para el pueblo ecuatoriano, luego de 13 años de impunidad.
Hace pocos días, el Departamento de Estado de los EE.UU. notificó que no puede proceder con el pedido de extradición de Roberto y William Isaías porque Ecuador no ha provisto evidencias de que los hermanos deliberadamente participaron en la planificación de la malversación (peculado). De nada ha servido que en 2011 la Interpol emitiera una alerta roja de búsqueda de los Isaías, quienes deben responder por el hueco patrimonial de $ 661,5 millones ocasionados por la mala administración de Filanbanco.
Pero las estimaciones de lo que deberían pagar no queda allí. Juan Falconí Puig, exsuperintendente de Bancos, a través de un artículo publicado en la prensa hace algún tiempo explicó que, sin calcular intereses, deben responder por $ 2.688'500.000, distribuidos así: pérdidas a diciembre de 1998 $ 661'500.000; entregas de la AGD en bonos $ 1.116'000.000; la cuenta secreta que manejaba Isaías en Gran Cayman $ 107'000.000; créditos vinculados alrededor de $ 200'000.000; préstamos de liquidez del Banco Central $ 424'000.000; y de esto, el ilegal vuelto de $ 180'000.000.
Sin embargo, los exbanqueros -que en Ecuador son prófugos de la justicia y en EE.UU. son vistos como exitosos inversionistas en medios de comunicación, entidades crediticias y dueños de lujosas propiedades en Miami- el 15 de abril de 2012, es decir cuatro días después de la decisión judicial, tildaron la sentencia de «persecución política».
Pese a que su proceso legal inició hace 13 años, a través de un comunicado divulgado en Miami adujeron que «este fallo es otro ejemplo de la persecución política del Gobierno de Rafael Correa, de la ausencia de justicia y la falta de un debido proceso en Ecuador».
Manifestaron que el juez dictó sentencia por el delito de peculado «que ni siquiera es parte de la acusación fiscal, violando el principio de congruencia. Este fallo carece de hechos concretos y solo se basa en alegaciones frívolas. No hubo nada indebido ni incorrecto por nuestra parte, somos víctimas, tal como han afirmado otros jueces y autoridades de la ley en el pasado».
Para Xavier Castro, abogado de los Isaías en Ecuador, el proceso legal en contra de sus clientes no tiene validez, pues, dice, «primero debieron declararlos culpables y después quitarles los bienes, pero en el país hicieron al revés: les quitaron los bienes en 2008, estamos en 2013 y la sentencia todavía no está ejecutoriada. No están condenados, lo que se hizo es dictar sentencia en primera instancia, pero está pendiente la apelación, el recurso de casación y de revisión por parte de la Corte Constitucional (CC), o sea, hay tres instancias por venir»
