El mercado de las compañías de seguridad privada en Ecuador no está conformado solo por empresas de guardianía o transporte de valores, sino por un enorme espectro que cubre 53 áreas diferentes, que van desde la compra de seguros hasta la adquisición de cámaras, tecnología o incluso armas.
De allí que el Ministerio del Interior observara que puede hacer de este sector un aliado vital en la lucha contra la inseguridad. Su propuesta es que los miembros de las empresas que brindan servicio privado se conviertan en «ojos, voz y oídos» de la seguridad pública en el país.
Para iniciar este proceso integrador, que a la vez se fundamenta en un plan de capacitación a todos los guardias privados del país (52.300 operativos), la Policía Nacional creó el Centro de Control de la Seguridad Privada (COSP), con el fin de mantener un registro de estas entidades, que deben cumplir requisitos estrictos para su funcionamiento.
El mayor Guillermo Salas, jefe del COSP, indica que la institución no está en contra de las compañías de seguridad y más bien la Policía pretende incorporar a las empresas privadas en los planes estratégicos del control de la delincuencia.
Por eso se analiza lanzar un programa nacional que incluya a los guardias privados del país, legalmente habilitados, para que se conviertan en «ojos, voz y oídos de la seguridad pública» -dijo el oficial- y de alguna manera «se sumen a la lucha antidelincuencial en temas puntuales, como el de los sacapintas», que atacan principalmente a los clientes de los bancos.
El plan ya está en estudio en el Ministerio del Interior, el cual aportaría con los trabajos de inteligencia que hace la Policía. Esta propuesta es bien recibida por Luis Mena, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad (Anesi), quien afirma que el personal de las compañías puede ayudar a informar lo que pasa en los diferentes sitios donde la Policía tiene poco control, «es decir, donde haya poco o ninguna presencia física de los uniformados públicos, ya que cumplimos roles totalmente diferentes», asegura.
Sinergia guardias-policías
La propuesta del Ministerio del Interior es complementaria al plan de capacitación de los uniformados, que se cumple con el programa Guardias y Policías en Alerta por la Seguridad Ciudadana (Gypasec), que hasta ahora ha instruido a 23.000 de los 52.300 guardias operativos a nivel nacional.
Según los lineamientos del Gypasec, la seguridad ciudadana, vista como un sistema, no alcanzará resultados efectivos si no se trabaja bajo el enfoque de que esta es una tarea de todos. «El nuevo paradigma crea lazos de interacción entre los elementos del sistema de seguridad pública y los guardias de seguridad privada, de manera de establecer una relación sinérgica», señala como base el plan del Gypasec.
De allí que, según la normativa de esa entidad, la capacitación incluya no solo conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para desempeñar adecuada y eficazmente su trabajo, sino que se enfoca en iniciar una base para que «su servicio se enlace oportunamente con la Policía Nacional y otros partícipes del Sistema Integral de Seguridad».
El viceministro del Interior, Javier Córdova, asegura que esta propuesta se ampara en el Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, emitida el 17 de julio de 2008.
Dicho documento, que establece los procedimientos para la creación, funcionamiento, control y supervisión de las compañías que se dedican a la prestación de servicios de vigilancia privada, señala, además, la corresponsabilidad de estas compañías y de sus miembros, de colaborar en la seguridad ciudadana.
Así, por ejemplo, el artículo 3 de dicho Reglamento establece que en caso de un Estado de emergencia o movilización, «el personal de vigilancia y seguridad privada se subordinará al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional».
El mismo artículo refiere que «(…) por su preparación y condición, se constituyen en elemento de apoyo y auxilio a la Policía, única y exclusivamente en actividades de información para la prevención del delito».
