En México denuncian que en siete ciudades se ha privatizado el servicio del agua, a pesar de que en 2012 se estableció en la Constitución el derecho humano al vital líquido, de acuerdo a informaciones publicadas en el diario mexicano La Jornada.
La investigadora de la organización Food and Water Watch, Claudia Campero, señaló que esta realidad se extiende en el país mediante, al menos, cinco rubros que van desde los servicios municipales de agua potable y la edificación de plantas de tratamiento de residuales hasta la expansiva construcción de presas.
Precisó que la decisión de ceder al sector privado la extracción, distribución y cobro del líquido potable va en retroceso en el mundo, debido a las malas experiencias que ha dejado a las empresas en países como Bolivia y Argentina; sin embargo, en México, donde los cobros del servicio lo vienen haciendo empresas privadas, se impulsa esta política.
En las 16 delegaciones del Distrito Federal son empresas privadas, como Gutsa o Suez, las que con el membrete de Sistema de Aguas de la Ciudad de México desde hace varios años emiten las facturas de cobro por el consumo de agua.
En Aguascalientes (centro-norte), el municipio otorgó el permiso por 30 años (el contrato vence en 2023) a una empresa subsidiaria para que se encargara de la cobranza, administración, trabajos de rehabilitación y operación de las tuberías de agua potable. Esta fue la primera experiencia a escala nacional de privatización integral del servicio de agua potable, según la publicación en el portal web hidrocaribe.gob.ve.
Según el trabajo publicado por el diario mexicano La Jornada, el caso más reciente ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, donde el congreso de Chiapas (sureste) está por resolver la iniciativa del presidente municipal, Samuel Toledo, para transferir el manejo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), mediante un contrato de prestación de servicios a la empresa privada que gane un concurso de licitación.
El proyecto, denominado Mejora Integral de Gestión del Smapa, promete que en 2016, el 99 por ciento de la población podrá beber el agua de la llave.
En Ramos Arizpe, en Coahuila (noreste) el cabildo aprobó la formación de una empresa de participación mixta: 51 por ciento de acciones del municipio, 48 por ciento de Aguas de Saltillo (perteneciente a la empresa española Aguas de Barcelona) y uno por ciento de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Coahuila, para suministrar el servicio de agua potable y alcantarillado de la ciudad.
Sin embargo, denunciaron que a partir del inicio operaciones de Aguas de Ramos Arizpe, en enero de este año, «los abusos no se hicieron esperar». Entre estos resaltan cobros arbitrarios de deudas «lo que ha ocasionado gran angustia», en especial, entre los habitantes más pobres.
Además, hay aumento de tarifas por consumo de casi el doble para todos los rangos y amenazas de corte del servicio a quienes no paguen, publicó La Jornada.
Respecto del uso del término privatización, Claudia Campero, investigadora de Food and Water Watch, explicó que mientras las organizaciones no gubernamentales hablan de ella cuando empresas privadas adquieren control parcial o total sobre el agua, el gobierno y organismos multilaterales «prefieren referirse a participación privada en la prestación del servicio».
