Ecuador tiene una amplia trayectoria de cooperativismo de más de un siglo, vinculado no solo al ahorro y crédito sino también al sector no financiero, es decir, cooperativas de transporte, producción, servicios, de comercialización, entre otros.
El superintendente de Economía Popular y Solidaria (SEPS), Hugo Jácome, destacó que esto permitió que con el transcurso del tiempo se consolide un sector que ha permitido a través de estas formas de organización, procesos de redistribución de la riqueza más interesantes. «Hasta junio de este año se registraron cerca de 3.176 cooperativas, tanto del sector financiero como no financiero, y alrededor de 2.839 asociaciones».
En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito en el país funcionan cerca de 888 que pertenecen al sector financiero, mientras que 2.288 son del no financiero. Este sector económico popular y solidario tiene alrededor de 5 millones de socios
Jácome precisó que del sector cooperativo el 55,7% está concentrado en el área de servicio, es decir son cooperativas de transporte, 27,6% de ahorro y crédito, 8,9% de producción, 7% de vivienda y 0,3% de consumo. «Las cinco cooperativas financieras más grandes que tenemos en Ecuador prácticamente representan al tamaño de cerca de doce bancos privados, es decir en el sector cooperativo también existen organizaciones grandes e importantes que tienen relevancia», anotó.
Agregó, además, que «el sector cooperativo maneja alrededor de 6.000 millones de dólares en activos, relacionados con ahorro y crédito».
Acciones de control
Jácome precisó que el trabajo de la SEPS es insertar a las cooperativas en los procesos de control y supervisión que establece la entidad.
Agregó que los canales que había antes no eran los más adecuados, sobre todo a través de la desaparecida Dirección Nacional de Cooperativas.
Ahora, indicó, hay un proceso para que se adapten, manejen y reporten información de una manera ética y transparente, de acuerdo al marco legal vigente, que comprende la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, como las diferentes leyes conexas que son las tributarias y de prevención de lavado de activos.
Detalló que cuentan con un plan anual de supervisión que se realiza de manera periódica. «Todos los meses visitamos las cooperativas para ver si cumplen lo establecido en la normativa, para evitar que se pongan en riesgo los depósitos y el dinero de los socios, y también velar por el buen manejo económico y financiero de las organizaciones», recalcó.
El superintendente aclaró que si se detectan irregularidades, la función de la SEPS es denunciar y comunicar de manera inmediata a las autoridades competentes, sea a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o a la Fiscalía General del Estado, dependiendo del caso.
Para el analista económico César Sacoto, la cooperativa es una buena gestión cuando se la maneja con total transparencia. En este sentido es importante que a través de leyes o reglamentos se permita una mayor participación de los usuarios y de los accionistas de las cooperativas en el control de las mismas. El control no solo debe estar en manos de las superintendencias y sino también de otros organismos.
Expresó que si bien es cierto las instituciones de control realizan un buen trabajo y manejan las cosas desde un punto de vista determinado, sería importante educar la mentalidad de los compañeros que forman parte de la cooperativa para que sientan que son los propietarios de las mismas, porque todavía hay el viejo criterio entre los cooperados de que el presidente o los miembros del directorio son los dueños de la cooperativa.
En este sentido, resaltó, sería importante que se realicen encuentros o seminarios dirigidos no solo a los gerentes de las cooperativas, sino también a las bases.
Acotó que el cooperativismo es bueno porque implica el primer paso hacia la solidaridad, hacia el rompimiento del criterio individualista y personal que el sistema impulsa. Esto tiene buenos resultados cuando quienes participan tienen plena conciencia de lo que significa su participación.
Para Jackeline Domínguez, subgerenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jep, que tiene 400.000 socios en el país, los controles son importantes dentro del sistema para evitar que ingresen fondos de dudosa procedencia. «Nos realizan cuatro auditorías cada año en todos los procesos y áreas de la institución de riesgos, que este año es A+. Firmas importantes nos hacen las auditorías externas», explicó Domínguez.
La cooperativa, cuya matriz funciona en la provincia de Azuay, posee 600 millones de dólares en activos y desde 2007 es la más grande del país. La cartera de crédito hasta mayo de este año supera los 500 millones de dólares.
Desde noviembre del año pasado la SEPS inició sus actividades de regulación en las cooperativas que antes estaban a cargo de la SBS y del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
