Desde ayer corrió el plazo de 30 días que tiene la Asamblea Nacional para aprobar la Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, remitida por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente.
El proyecto, que contiene 20 artículos, dos disposiciones transitorias y dos derogatorias, debe ser aprobado por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL). Esta instancia debe remitir el proyecto a una de las 13 comisiones especializadas.
El proyecto podría recaer en la Comisión de Régimen Económico, presidida por el asambleísta Armando Aguilar (PAIS) y buscaría compensar los incentivos de Atpdea que el Ecuador mantenía con EE.UU. y que decidió renunciar el pasado 26 de junio.
El Atpdea, según el gobierno ecuatoriano, se convirtió en un mecanismo de chantaje por ese país y solo representaba 23 millones de dólares, que se buscarían recuperar con esta normativa.
El artículo 59 de la Ley de la Función Legislativa establece los plazos, así las comisiones especializadas dentro de 10 días contados a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto de ley, presentará a la presidenta de la Asamblea, sus informes con las observaciones que juzguen necesarias introducir.
Según la normativa, dentro del referido plazo se deberá considerar uno no menor a los cinco primeros días para que los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley, o que consideren que sus derechos puedan ser afectados por su expedición, puedan acudir ante la comisión especializada y exponer sus argumentos. En ningún caso la comisión especializada podrá emitir su informe en un plazo menor a cinco días.
Si la Asamblea no resuelve el tema en 30 días, el proyecto se aprueba tal y como lo envió el Ejecutivo.
La Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo busca expedir reformas a la Ley de Abono Tributario que permitirán cumplir los objetivos de la política económica y comercial, así como priorizar el incentivo de la producción nacional, la productividad y competitividad sistemática, Además pretende promover y ejecutar acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial.
En la justificación de la propuesta, el presidente Rafael Correa señala que resulta necesario adecuar viejas normas que contenían beneficios a las exportaciones al nuevo ordenamiento jurídico, con la finalidad de lograr un verdadero incentivo a los exportadores del país. Una de estas normas es la Ley del Abono Tributario, en cuyo contenido se norma sobre los certificados de Abono Tributario, beneficios primordiales para los exportadores, ya que sirven para cancelar cualquier obligación de carácter fiscal, con sus respectivas excepciones.
El Jefe de Estado precisa que esta norma resulta urgente reformarla para que otros productores puedan acogerse a este beneficio además de actualizar el trámite engorroso que los exportadores realizaban para acceder al certificado.
