La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, evalúa esta mañana en una reunión de emergencia con sus principales ministros, las protestas que vienen sacudiendo a Brasil desde la semana pasada.
En la cita se discutirá la posición del Gobierno frente a las protestas, medidas que puede adoptar el Ministerio de Justicia para hacer frente a los incidentes que se han registrado en algunas manifestaciones y un posible pronunciamiento de la presidenta en red nacional de televisión, según detallaron medios locales.
El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, afirmó este viernes que, pese a defender el derecho de la población a manifestarse, el Gobierno tiene que rechazar los actos vandálicos como el que sufrió la sede de la Cancillería anoche por parte de un grupo de manifestantes.
La Policía evitó anoche que un pequeño grupo de manifestantes invadiera el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería, aunque no llegó a tiempo para impedir que rompieran al menos 25 ventanales de la edificación, que arrojaran bengalas en su interior y que encendieran fogatas junto algunas de sus columnas.
Los incidentes se registraron en Brasilia, capital del país, en una de las cerca de 80 protestas que movilizaron a más de un millón de personas en toda la nación para reclamar mejores servicios públicos.
El Canciller dijo estar convencido de que la mayoría de los manifestantes condena la violencia. «Me gustaría creer que fueron hechos aislados y que la gran mayoría de los brasileños no los apoya», afirmó.
Las protestas más violentas en Brasilia, que la Policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma, dejaron cerca de 50 heridos, entre ellos diez policías, así como tres detenidos.
Además de Brasilia, también se registraron enfrentamientos con la Policía en las manifestaciones realizadas en ciudades como Río de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Vitoria y Salvador.
Las protestas comenzaron la semana pasada en Sao Paulo, inicialmente contra la subida de las tarifas de transporte público, pero se sumaron otras reivindicaciones, como mayores inversiones en la salud y la educación pública, y críticas a los elevados gastos del Gobierno para organizar eventos como el Mundial de fútbol de 2014.
Pese a que varias alcaldías, incluyendo las de Sao Paulo y Río de Janeiro, ya anunciaron la reducción de los precios de los billetes de autobús, metro y tren, los manifestantes mantuvieron sus protestas.
