La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, propuso hoy un nuevo marco regulador para el sector minero del país, que es uno de los mayores productores mundiales de hierro, bauxita, oro, níquel, manganeso y otros minerales.
Rousseff explicó que uno de los principales puntos de esta propuesta, que será remitida al Congreso para su discusión, plantea la creación de una agencia estatal que regulará la actividad, se ocupará de reforzar la fiscalización y creará un nuevo régimen de concesiones.
En ese sentido, explicó que las nuevas concesiones «tendrán una duración de 40 años prorrogables por otros 20» y que las empresas beneficiadas deberán cumplir «obligaciones legales claras, con énfasis en la protección del medio ambiente».
El ministro de Minas y Energía, Edison Lobao, presente en el acto, explicó que se establecerán además unos «mínimos para la inversión» en función de las áreas otorgadas y que se simplificará el proceso de licitaciones, a fin de reducir la pesada burocracia actual.
El proyecto que será enviado al Congreso también plantea una alteración del régimen de regalías, que en un 65 por ciento serán destinadas a los municipios productores, que son, según Rousseff, «los que más deben beneficiarse de sus riquezas».
Los estados productores recibirán el 23 por ciento de esas regalías y el 12 por ciento restante irá a las arcas del Gobierno federal, explicó la mandataria.
«Con este nuevo marco, crearemos las condiciones necesarias para que la investigación, exploración, explotación y comercialización de los recursos minerales se transforme en una actividad más eficiente, más rentable y más competitiva», aseguró Rousseff.
Asimismo, sostuvo que esta propuesta apunta a dar una «mayor competitividad a la industria, con beneficios mayores para toda la sociedad» y en especial para los municipios productores de materias primas.
El proyecto de ley pretende modernizar y sustituir las actuales legislaciones en materia minera, que datan de hace casi medio siglo y, según Rousseff, han sido «superadas» por el desarrollo que esa actividad ha tenido en las últimas décadas.
La mandataria afirmó que las leyes actuales «no contemplan las exigencias del presente, ni los cambios económicos y tecnológicos que ha habido en Brasil y en el mundo durante los últimos años».
