Tras detectar inconsistencias en el funcionamiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) resolvió ayer el cierre de la entidad financiera, la cual entrará en un proceso de disolución y liquidación.
Hugó Jácome, titular de la SEPS, manifestó que esta decisión se tomó por varios factores: «se detectaron transacciones inusuales que podrían violentar la Ley de Control de Lavado de Activos, pérdidas considerables acumuladas en los tres últimos años que evidenciaron un creciente deterioro patrimonial y el imprevisto retiro masivo de depósitos en los dos últimos días (lunes y martes), lo que agravó la situación de la entidad financiera, volviéndola insostenible».
Las supuestas transacciones inusuales que registró la cooperativa bordean los $37 millones, de los cuales $6 millones fueron detenidos por el Banco Central del Ecuador (BCE). Mientras que los cuentaahorristas hicieron un retiro masivo de aproximadamente $2 millones, cada día.
Para salvaguardar los intereses de los ahorristas, la SEPS dispuso que el liquidador arbitre todas las medidas necesarias de carácter administrativo, económico y financiero. «A partir de la primera semana de julio del presente año, se devolverán los ahorros al 99% de los clientes, que representa cerca de 106.000 depositantes, es decir, los ahorristas más pequeños de la cooperativa», indicó Jácome.
Para esto, la SEPS ha mantenido conversaciones con diferentes cooperativas de ahorro y crédito que operan en la provincias de Azuay y Guayas, a fin de que sean ellas quienes devuelvan los recursos. La lista de entidades estará disponible en los próximos días en la página web www.seps.gob.ec.
«Estamos trasladando las cuentas de los ahorristas a otras cooperativas para que los recursos que tenían en Coopera puedan ser retirados o si gustan pueden mantener sus cuentas de ahorro en las diferentes cooperativas del sistema», puntualizó.
Jácome aseguró también que si bien aún no se define a cuánto ascienden los montos a devolverse, estos «están en función del ahorro que tiene cada depositante y obviamente de la cartera de crédito que va a ser negociada en las otras cooperativas».
Respecto al 1% restante de los ahorristas, que son los depositantes más grandes (cerca de mil depositantes), el titular de la SEPS manifestó que se les informará oportunamente el mecanismo de cobro.
En cuanto a las actividades adicionales que venía efectuando la cooperativa como la administración de centros de acopio, fondos y la comercialización de productos, la SEPS dispuso que se tomen todas las medidas necesarias para mantener su normal funcionamiento.
Adicionalmente, Jácome señaló que están garantizados todos los derechos laborales de los empleados de la entidad cerrada. «En el centro de acopio seguirán trabajando y en la cooperativa lo harán quienes sean pertinentes mientras dure el proceso. Serán garantizados los derechos de todos los trabajadores, como es normal en todo proceso de liquidación», subrayó.
Agregó también que «las cooperativas tienen más de 100 años de historia en el país y que el sistema cooperativo es sólido y goza de buena salud financiera». Al frente del proceso de liquidación estará Diego Aguilar, en Cuenca.
Desconsuelo en ahorristas
Apenas conocida la noticia, cientos de ahorristas se concentraron en las diferentes agencias que están en la provincia del Azuay, las mismas que amanecieron con custodia policial y militar. Muchos dijeron que confían en la devolución de sus ahorros, pero otros mostraron su descontento por lo que estaba sucediendo.
Iván Jara llegó a la Gobernación del Azuay para escuchar una explicación sobre sus dineros. Jara dijo que hace pocas semanas vendió su casa y el dinero fue depositado en una cuenta corriente. «Son 91 mil dólares los que tengo depositado a plazo fijo», dijo, agregando que los directivos debían haber conocido esta situación y no haber permitido que se deposite el capital.
Asimismo, los trabajadores de Coopera ayer se mostraban con preocupación. Algunos de ellos llegaron hasta la Corte Provincial del Azuay para presenciar la audiencia de Formulación de Cargos en contra del gerente Rodrigo Aucay.
En las agencias de la provincia del Guayas, ubicadas en los cantones Milagro, Daule, Yaguachi y Naranjal también hubo preocupación de parte de los ahorristas.
Leonardo Moreira dijo que la situación que está atravesando la institución lo perjudica considerablemente, pues él se dedica a la compra y venta de carros. «Hoy tenía que pagar $ 3 mil y vine a retirarlos, pero ya está cerrado todo, y no sé qué voy a hacer, ni quién me va a responder ahora por el interés de la deuda, pues los acreedores no me van a esperar», dijo indignado.
DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA PARA GERENTE
Aproximadamente una hora duró la audiencia de formulación de cargos por presunto lavado de activos en contra de Rodrigo A. y Claudio A., gerente y ex contador, respectivamente, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, a quienes el juez Primero de Garantía Penales, Miguel Arias, les dictó prisión preventiva.
La tesis presentada por la fiscal Paola Molina, por presunto lavado de activos de más de $30 millones, fue acogida por el juez, quien determinó la vinculación y ampliación de estos últimos funcionarios a la instrucción fiscal iniciada el sábado pasado en contra de Aldo C. y Raúl, otros directivos de la entidad.
Con esta vinculación la etapa de instrucción fiscal se amplía a 120 días de investigaciones. El abogado de Rodrigo A. presentó varios documentos de arraigo personal, además señaló que su defendido se presentó de manera voluntaria, a pesar de que existe una orden de detención en su contra, «con la única finalidad de que se esclarezca la verdad», dijo.
Pidió que el juez reconociera aspectos fundamentales como la aplicación de medidas alternativas, y examinar y valorar la personalidad del procesado. «Con la comparecencia de mi defendido puedo demostrar que no se trata de una persona peligrosa y se desvanecen todos esos comentarios de que huyó del país», añadió. Estas alegaciones no fueron acogidas.
