E. P. C. es un refugiado colombiano, cerca de 12 años en el puerto principal, que labora como comerciante autónomo en el centro de la urbe. Él, quien ya no soportó más el acoso por parte de la Policía Metropolitana de Guayaquil, ayer los denunció en la Defensoría del Pueblo del Guayas por ser objeto de extorsiones y discriminaciones.
El extranjero -que radica en el país, luego de huir de Colombia tras ser secuestrado en el año 2000 por grupos guerrilleros- justificó que vive del comercio informal, debido a que su condición le dificulta hallar un trabajo estable.
E. P. C., que aparenta 50 años de edad, vende artículos, como prendas de vestir y pequeños juguetes, en el casco comercial de la urbe. Pero para hacerlo ha tenido muchas experiencias desagradables con los funcionarios municipales. Precisamente, en 2006 la guardia cantonal lo detuvo varias horas solo por laborar en la calle. Luego de vejaciones lo amenazaron: «Lárgate de aquí, vete de aquí a hacer lo que quieras… son varias de las cosas que he tenido que vivir aquí».
El último acontecimiento, que colmó su paciencia, es la extorsión. El ciudadano denunció que desde hace varios meses policías metropolitanos le exigen una tasa de 1 dólar por cada agente presente en la zona, llegando a cancelar hasta 5 dólares diarios. «Si no tenía como darles, me tenía que ir a mi casa», relató el colombiano.
Por ello, buscó la asesoría de grupos defensores de derechos humanos para formalizar la denuncia ante las autoridades.
En la comparecencia, convocada ayer, estuvieron representantes del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y Municipio de Guayaquil.
Según el documento presentado a la Defensoría, «varios policías metropolitanos no lo dejan trabajar, tiene que pagar una especie de impuesto y sufre hace varios meses la persecución de parte del oficial número 39».
El denunciante aseguró que cuenta con documentos y pruebas (fotos y videos) suficientes para demostrar lo que calificó de abuso por parte de los metropolitanos.
El abogado Julián Pérez, del Servicio Jesuita a Refugiados, quien actuó en defensa del señor E. P. C., conminó a la instancia pertinente a investigar y esclarecer la denuncia. «Si bien tenemos una postura conciliatoria también somos claros en que el irrespeto a los derechos humanos debe ser reparado».
Por su parte, representantes de la CDH ratificaron que el caso se conoce hace dos años y que, durante ese lapso, E. P. C. ha sufrido persecución, intimidación y extorsión por parte de agentes de la Policía Metropolitana. «Hay un registro documentado de todo este proceso de maltrato y que se agrega a una preocupación más amplia: la relación de la política municipal, el orden del espacio público y el comercio informal», explicó Billy Navarrete, del CDH.
La primera audiencia, convocada para ayer, fue suspendida por pedido del representante del Departamento Jurídico del Cabildo, Segundo Naranjo, quien dijo que no contaba con información de la situación, por parte de la Policía Metropolitana, pese a que fue solicitada mediante memorándum.
La Defensoría, que determinará la fecha de la nueva audiencia, llamó al director de los metropolitanos, Marco Cubero, y a los agentes municipales Edwin Zúñiga, Álex Reyes y Rolando Vera para que respondan por la denuncia.
