El premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina para levantarle un embargo por $ 19.000 millones a la Chevron Corporation, a través de un comunicado en su sitio web.
Ecuador, con la participación de un grupo de más de 30.000 pobladores amazónicos, presentó una demanda denunciando daños ambientales en la Amazonía causados por Texaco entre 1964 y 1990 en la que la justicia en Quito dictaminó el embargo de los activos de la transnacional por $ 19.000 millones.
«Más allá de los daños irreparables, este juicio permitió que la justicia civil argentina embargase a la filial local de Chevron con la ratificación unánime de la Cámara de Apelaciones. Surgía de esta manera, la primera oportunidad para que la Corporación Chevron se viese obligada a respetar la condena que desconoce y se niega a cumplir», sostiene Pérez en su escrito.
El Premio Nobel de la Paz también se refiere en el texto al permiso que la Corte Suprema argentina ha otorgado a Chevron para, a través de YPF, explotar el yacimiento Vaca Muerta. Además, manifestó que en el acuerdo de explotación, hay estafa.
«Pero no sólo se impidió esto sino que, gracias al fallo de la Corte Suprema, también se permitió al Gobierno celebrar, a través de YPF, un contrato con Chevron muy desfavorable para los argentinos, por un monto de U$S 1.500 millones para explotar el yacimiento de Vaca Muerta. Tanto es así, que miembros del directorio de YPF han renunciado para no ser cómplices de esta estafa», puntualizó Pérez.
En el comunicado denuncia también la calidad moral de quienes permitieron el fallo a favor de Chevron y hace un llamado a la revisión de dicha sentencia.
«Nuestra Corte Suprema ha sentado jurisprudencia en contra del propio pueblo argentino y de los hermanos pueblos latinoamericanos (…) Por esto la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto a los argentinos y argentinas que queremos soberanía y dignidad para nuestro pueblo frente a las multinacionales, rechazamos este fallo y solicitamos su urgente revisión», finaliza el activista argentino.