El presidente Rafael Correa firmó el decreto con el que remodela el frente político de su gabinete. De esta manera oficializó lo que ya había anunciado semanas atrás: una Secretaría de Gestión Política absorberá a la Secretaría de Pueblos (que estaba a cargo de Rosa Mireya Cárdenas) y al Ministerio Coordinador de la Política.
Betty Tola, quien estaba al frente de esta última institución, presidirá la nueva Secretaría, la cual tendrá rango de Ministerio, aclara el decreto ejecutivo. Este cambio implica una readecuación de las instituciones que coordinaba el hoy desaparecido Ministerio.
Por ejemplo, el viceministerio de Gobernabilidad de la cartera del Interior será también absorbido por la nueva Secretaría «con excepción de aquellos relativos a la promoción de las garantías democráticas, justicia y derechos humanos, que se transferirán y, por tanto, serán ejercidos y ejecutados por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos».
Esto permitirá que en el Ministerio del Interior se desarrolle una nueva oficina dedicada a la seguridad ciudadana. Igualmente, la Secretaría de Gestión de Transparencia, que estaba a cargo de Diego Guzmán, se transformará en una subsecretaría dependiente de la Secretaría de Administración Pública que lidera Vinicio Alvarado.
El mismo decreto establece 16 competencias para la nueva entidad, por ejemplo, coordinar políticas en los territorios, impulsar la participación ciudadana, establecer puentes de diálogos con todos los sectores, entre otros.
«El Secretario Nacional de Gestión de la Política tendrá plena capacidad y representación legal para ejercer todas las actividades y acciones administrativas y judiciales necesarias, para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos y la completa ejecución de los distintos programas y proyectos de las entidades cuyas competencias asume, sin afectar su gestión. Estos deberán ser evaluados, a efectos de determinar su eventual traspaso a otras entidades de la Función Ejecutiva, si corresponde», estipula el documento.
Los funcionarios que tengan nombramiento pasarán a la nueva entidad, mientras que aquellos que estén bajo la modalidad de contratos ocasionales harán lo propio «según corresponda, en función de las necesidades e intereses institucionales».
El decreto establece un plazo de 180 días en la nueva Secretaría de Gestión Política y el Ministerio de Justicia para la realización de una evaluación y «racionalización del talento humano». De ser necesario se suprimirán cargos innecesarios.
Tola tendrá un plazo de 120 para implementar las acciones de carácter administrativo que se requieran, a fin de asegurar la correcta aplicación del nuevo modelo de gestión de la Secretaría.
Luego de este lapso, el Ministerio de Justicia asumirá las competencias, atribuciones, programas y proyectos relativos a la promoción de las garantías democráticas, justicia y derechos humanos que actualmente manejan las gobernaciones provinciales.
La Secretaría de Gestión Política hará lo propio con las competencias de gestión política y manejo de conflictos de las Gobernaciones Provinciales.
Los bienes de las entidades absorbidas serán asumidos por la Secretaría de Gestión Política y el Ministerio de Justicia.
