El Tribunal de Apelación de Milán confirmó este miércoles la condena a 4 años de cárcel para el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi por un delito de fraude fiscal en la compraventa de derechos de películas en el llamado caso Mediaset.
Asimismo, los jueces confirmaron la pena de inhabilitación durante cinco años para el desempeño de cargos públicos de 'Il Cavaliere'.
Se trata de un nuevo revés judicial para el político conservador, que había intentado parar el proceso en varias ocasiones e incluso pidió que el caso fuera trasladado al Tribunal de Brescia, alegando que en el de Milán existía un prejuicio contra él.
Sin embargo, la condena no es definitiva, ya que Berlusconi todavía puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y además, en caso de que la resolución fuera confirmada en esa última instancia, 'Il Cavaliere' podría acogerse a la ley sobre indultos, por la que se le condonarían tres de los cuatro años de cárcel.
En el caso de la inhabilitación de cargos públicos, que podría suponer su alejamiento de la política activa, que desempeña actualmente con un escaño en el Senado y como líder del conservador Pueblo de la Libertad (PDL), ésta tampoco empezará a contar hasta que exista una sentencia en firme.
Además de la condena de Berlusconi, el Tribunal de Apelación también confirmó la pena a tres años de reclusión para el productor estadounidense Frank Agrama, considerado como el «socio oculto» de Berlusconi en esta trama de fraude, mientras ratificó la absolución del presidente de Mediaset, Fedele Confalonieri.
En este proceso se juzga la compraventa de derechos de transmisión de películas estadounidenses entre 1994 y 1999 por parte del grupo audiovisual Mediaset, propiedad de Berlusconi, bajo la sospecha de un aumento artificial del precio real de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero.
La adquisición de esos derechos por parte del grupo empresarial Fininvest, al que pertenece Mediaset, por valor de 470 millones de euros, se realizó a través de dos sociedades extranjeras, la Principal Network Communication y la Principal Network, y de otros intermediarios, entre ellos Agrama.
Un sistema que habría permitido a Mediaset, el grupo audiovisual italiano al que se le vendieron después esos derechos comprados a las productoras estadounidenses, inflar los costes, creando así «fondos ocultos» que evadir al fisco italiano.
El caso Mediaset es uno de los tres procesos que Berlusconi tiene abiertos junto al del llamado caso Ruby, en el que está acusado de poder e incitación a la prostitución de menores, y al de la publicación de escuchas telefónicas de procedencia ilícita en el diario «Il Giornale».
