En solo un mes, la Secretaría de Comunicación lanzó 1.117 spots publicitarios, según el informe del observatorio de Participación Ciudadana La propaganda se distribuyó en varios sectores convencionales como la TV, periódicos, radio e internet, sumando una inversión de 896.440,75 dólares. Desenfrenar este gasto para el Estado ha sido imposible, puesto que no existe un organismo que controle el número de publicidad oficial, a más de una contabilidad que, por ejemplo, lleva Participación Ciudadana.
Ver gráfico Quienes tienen la facultad para solicitar cadenas de la Secom son exclusivamente el presidente de la República, el de la Asamblea Nacional, el de la Corte Nacional de Justicia, el del Tribunal Supremo Electoral, los ministros y secretarios del Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, gobernadores de las Provincias, comandantes de Zonas Militares; y autoridades de Salud.
En marzo pasado, donde se evidenció un alza económica de publicidad, la Corte Nacional de Justicia fue el organismo público que más se expuso a los medios de comunicación. Esto lo evidenció Sara Mendoza, estudiosa de la Semiótica. Ella cree que con el objetivo de mejorar la confianza a la entidad de justicia, aumentó el número de veces que aparecía un mensaje de la entidad, pues era «el boom» del caso de los 10 de Luluncoto, y además había transcurrido el tema de la falsificación del título de Pedro Delgado en los meses anteriores, entre otros casos.
Una de las publicidades que mayor trascendencia tuvo, fue el de «No al abuso de licor, Reacciona Ecuador». Allí aparecía una joven pasada de alcohol. La historia fue inmediatamente comparada con el incidente donde Karina del Pozo fue víctima de feminicidio. Los medios de comunicación dieron espacio para las críticas y cuestionamiento a la Secom por «fomentar» la inequidad de género, exponiendo al género femenino como culpable de hechos lamentables, como el que transmitió la Secretaría de Comunición. Sin embargo, más tarde se pudo comprobar que la producción de esta publicidad se la ejecutó antes de que trascendiera el caso de la joven del Pozo.
Cabe destacar que «los valores por cada promoción mediática tienen una aplicación del 70% de descuento que el Gobierno ha negociado con los canales de televisión, por concepto de publicidad gubernamental», revela el informe.
