El presidente de la nacionalidad waorani, Cawetipe Yeti, dio hoy la alerta roja en las comunidades de Orellana, Napo y Pastaza ante una eventual venganza del pueblo taromenane. Según una publicación del diario local El Comercio.
Según el matutino, «Abraham Boyotai, directivo de la federación de huaoranis, señaló que las comunidades en peligro de una posible agresión son las que se encuentran en el río Tiputini, Reyes, Pindo, Bloque 16 Repsol, Tigüino, Bataburo, Armadillo, Bahameno. Y en el sur Lorocache y Curaray».
El ataque de los 'waos' el pasado viernes, en el que mataron a la mayor parte de miembros de una familia taromenane, para vengarse por una agresión previa perpetrada por los no contactados el 5 de marzo, ha generado preocupación. Pero, sobre todo, se ha evidenciado que existen vacíos legales y otras dificultades que impiden una acción directa del Estado en esas comunidades.
La polémica se centra en que, según los entendidos, no se puede aplicar la 'visión occidental' al caso. Esto, porque tienen su propia cosmovisión, respetada en la Constitución.
El artículo 57 señala: «El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos» y, si se llegaran a violar los derechos, eso constituiría un delito de etnocidio.
Sin embargo, para el asesor jurídico de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), César Duque, el problema radica en que el Estado no ha creado una normativa que permita la aplicación de las garantías. No solamente el terreno y la lengua son barreras para tratar el caso, sino también la imposibilidad de acceder a información, tanto de las instancias oficiales (Gobernación y ministerios), como de las propias comunidades, indicó Eduardo Pichilingue, del Observatorio de Derechos Colectivos del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES).
El martes no se pudo ingresar a la zona intangible del Parque Nacional Yasuní para determinar dónde ocurrieron las muertes, especialmente por el mal clima.
Ayer en la mañana, entre las 06:00 y las 12:00, se realizaron sobrevuelos y se visibilizaron tres casas taromenane. «El lugar del ataque estaría entre el Armadillo y el río Tiputini», señaló el presidente de la Nacional Waorani del Ecuador, Cawetipe Yeti, quien contó que no se pudo llegar a tierra porque no había donde aterrizar.
Ese sector se encuentra en alerta roja por presuntos nuevos conflictos entre pueblos. Visión occidental
Para Duque, tanto los waorani como los taromenane son víctimas del Estado, especialmente por el ingreso y presión de las petroleras sobre su territorio. Así, el primer ataque correspondería a un mecanismo de defensa por no respetarse su territorio y la venganza es parte de su tradición y cultura.
«Si alguien llegara a tratar de imponer un pensamiento en nuestra cultura, se criticaría que es un atentado contra los derechos de esa persona. Es lo mismo en los pueblos y nacionalidades», añadió.
Frente a la muerte de 'waos' y taromenanes, «podemos decir que la violación del derecho a la vida es un delito», sin embargo, «en ellos no hay la intencionalidad de cometer una infracción» porque están actuando en defensa a las agresiones que reciben: ruido, sobrevuelos, intromisión en el territorio.
Allí, debería actuar la justicia indígena, pero Pichilingue asegura que en estos pueblos «hay un atraso» en la conformación de mecanismos de castigo y el establecimiento de las acciones que deben ser sancionadas.
Acciones
° Si bien Eduardo Pichilingue considera que la situación para el tratamiento del caso ha mejorado, en relación a la matanza ocurrida en 2003, cuando los pueblos no contactados no constaban en la Constitución y cuando existía menor entendimiento de su cultura, todavía no existen planteamientos claros del Estado.
Miembros de un programa oficial encargado de proteger a los llamados pueblos no contactados realizan sobrevuelos desde el martes en Orellana «para identificar el lugar del siniestro e iniciar las investigaciones», señaló el ministerio de Justicia en su cuenta de Twitter.
Además, se conformó una comisión con personal de esa cartera y de los ministerios del Interior y Salud, así como de la Policía, la Fiscalía y la Gobernación de Orellana, para realizar las pesquisas. LA HORA Y AGENCIAS·
