Mediante una carta enviada a la Asamblea Nacional, catedráticos, intelectuales y activistas por los derechos humanos pidieron que sea incluido el delito de feminicidio en un cuerpo legal específico o en el proyecto de Código Integral Penal que se discute en el Legislativo. Mostraron además su preocupación si es derrogada la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la familia.
«En la propuesta de Código Orgánico Integral Penal se estaría abordando la problemática de la violencia de género, hoy tratada en una ley específica, la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la familia, la misma que se derogaría al aprobarse el nuevo proyecto legislativo, lo cual nos preocupa si eso significaría invisibilizar la violencia de género y el feminicidio», dice el documento.
La iniciativa busca que se reconozca las especificidades del asesinato de mujeres provocado por personas conocidas con quienes la víctima ha tenido alguna relación familiar, laboral, sentimental o de convivencia de cualquier clase, «consecuencia del ejercicio sistemático de violencia de cualquier tipo, producto de relaciones asimétricas de poder entre hombre y mujer».
«La violencia de género es una realidad histórica del Ecuador pero sigue invisibilizada e impune a pesar de los cambios sociales y los avances constitucionales y legales que prohíben la discriminación por género: la mujer siguen en situación de indefensión, riesgo y desventaja, agravada con el pasar del tiempo debido a los impunes estereotipos sobre ella en los medios de comunicación y naturalizados en la cultura de nuestra sociedad», dice parte del documento enviado a la Asamblea.
Antecedentes regionales
El texto hace referencia a antecedentes jurídicos dados en el continente como la sentencia dada en México por el asesinato en el 2001 de varias jóvenes. El caso fue llevado a la Coidh frente al «desinterés de Estado mexicano de investigar esas muertes».
Además, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó por unanimidad la reclusión perpetua para quienes cometan feminicidio, estableciendo esta pena que castiga los crímenes de género, lo que incluye tanto los cometidos contra mujeres como personas transgénero.
Hace poco, Evo Morales, Presidente de Bolivia, promulgó el 9 de marzo de 2013 la ley que castiga el delito de feminicidio con hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto. La norma pretende acabar con la violencia machista y otorgar a la mujer una protección integral. Esta ley se denomina Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida libre de violencia.
El debate se abre nuevamente en el país tras el hallazgo de los cadáveres de jóvenes desaparecidas, casos en los que los principales sospechosos son gente allegada a las víctimas o con quienes mantenía, algún tipo de relación, ya sea social o sentimental.
Entre los ciudadanos que firmaron la carta están el activista por los derechos humanos, Alexis Ponce, la artista Margarita Laso, Pedro Restrepo, padre de Santiago y Andrés Restrepo, jóvenes desaparecidos forzosamente en el periodo presidencial de León Febres Cordero.
También firmó María Isabel Salvador, embajadora de Ecuador ante la OEA, el historiador Jorge Núñez, el catedrático y analista político, Hernán Reyes, entre otros.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) definen al feminicidio como el «homicidio de mujer por razones de género». Este sustantivo se emplea para hacer referencia tanto al asesinato individual de una mujer como para referirse al homicidio sistemático de mujeres en una sociedad, en especial en contextos donde no existe un reproche social o cultural de esos hechos.
