El Tribunal Supremo de EE.UU. comenzó este miércoles su segundo día de audiencias relacionadas con el matrimonio gay, en el que estudia la constitucionalidad de la ley federal que impide que los homosexuales legalmente casados obtengan beneficios fiscales y pensiones del Gobierno.
La multitud congregada hoy frente a la máxima instancia judicial estaba integraba fundamentalmente por defensores del matrimonio homosexual, con menos protestas contrarias que las que se registraron el día anterior.
Los nueve magistrados del Supremo escucharán durante casi dos horas argumentos a favor y en contra de la ley de Defensa del Matrimonio (DOMA), promulgada en 1996 y que define el matrimonio como la «unión entre un hombre y una mujer».
La ley ya ha sido declarada inconstitucional por cuatro tribunales federales y dos cortes de apelaciones, y antes de la audiencia de hoy el propio expresidente estadounidense que la firmó, Bill Clinton, se declaró en su contra, así como muchos líderes del Senado.
El caso fue presentado originalmente por Edith Windsor, una mujer de 83 años que se vio obligada a pagar más de 350.000 dólares en impuestos federales por el patrimonio heredado de su esposa, Thea Spyer, fallecida en 2009, dado que su matrimonio no estaba reconocido como tal a nivel federal.
El presidente de EE.UU., Barack Obama, ordenó a su Gobierno a principios de 2011 que no defendiera la ley DOMA en los tribunales federales, lo que ha llevado a que el Departamento de Justicia no argumente a favor de la ley pese a que la demanda de Windsor es contra el Gobierno federal.
Ese vacío que ha dejado el Gobierno lo han ocupado los republicanos de la Cámara de Representantes, que continúan apoyando la ley y hoy la defenderán a través del abogado Paul Clement, del grupo de Asesoría Legal Bipartidista que pertenece a ese hemiciclo.
La primera parte de la audiencia de hoy estará dedicada a analizar en profundidad el asunto.
La segunda hora de la audiencia se dedicará a los méritos del caso.
La decisión del Supremo se espera antes de finales de junio y sus jueces tienen un abanico más limitado de opciones en este caso que en el que escucharon el martes, relativo a la constitucionalidad de la Propuesta 8, que prohibió el matrimonio gay en California en 2008.
Las posibilidades más claras son derogar la ley y garantizar por tanto que las parejas gais casadas en los nueve estados donde es legal reciban los mismos beneficios fiscales y de pensiones que las heterosexuales, o mantenerla en pie y dejar las cosas como están.
