Claus Von Wobeser (presidente), Yves Derains y Eduardo Zuleta conforman el tribunal arbitral que decidirá sobre la millonaria contrademanda internacional interpuesta por la compañía boliviana Globalnet S.A. contra el Estado ecuatoriano, según indica un reportaje realizado por diario El Telégrafo.
El consorcio presentó la demanda luego de conocer la resolución de la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso de Quito, en la que se determina que Globalnet incumplió con la construcción, operación, administración y explotación de 1.120 telecentros y estaciones remotas, bajo un régimen de no exclusividad, en sectores rurales y urbano marginales del Ecuador.
Ese incumplimiento hizo que el Estado finiquitara de manera unilateral el contrato suscrito el 4 de septiembre de 2006 por $11'573.478,76 entre Globalnet (formada por el Consorcio Únete Telecomunicaciones S.A. y Clay Pacific S.R.L. de Bolivia), y el ex titular del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) Juan Carlos Solines Moreno, en la notaría de Ximena Moreno, madre de Solines. Ahora la compañía exige una indemnización de $ 32'566.000.
En ocho meses Globalnet debía instalar 746 estaciones remotas y 374 telecentros en locales propios, pero solo dotó de computadoras, teléfonos y antenas en 567 zonas, de manera antitécnica y en locales ajenos e inapropiados. Eso impidió dar el servicio de telefonía fija y móvil e Internet público a miles de habitantes de escasos recursos. Y pese a que pidió prórroga de 90 días y el Conatel se la concedió, jamás cumplió. Por ello, el Estado rescindió el contrato y la enjuició.
Únete (que tenía el 80% de las acciones de Globalnet) y Clay Pacific son sociedades constituidas en Bolivia y el 10 de junio de 2009 iniciaron un proceso arbitral contra el Ecuador. Para ello se amparan en el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi).
El reclamo de las dos compañías -que conformaron Globalnet con un supuesto capital de $40 millones- se basa en el acuerdo celebrado entre Bolivia y Ecuador para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones del 25 de mayo de 1995, que entró en vigencia el 15 de agosto de 1997.
En la demanda, la compañía no solo critica a las autoridades ecuatorianas por su «falta de inversión y de políticas gubernamentales» en el sector de telecomunicaciones (ver subnota), sino que aduce la presunta violación del tratado porque considera que sus inversiones fueron expropiadas, no tuvo un trato justo y equitativo, afrontó un trato menos favorable que el otorgado a los inversionistas nacionales ecuatorianos; y no recibió una plena protección a sus inversiones.
Para seguir el proceso arbitral contra Ecuador designaron a Nigel Blackaby, Lluis Paradell y Jean-Paul Dechamps, de la firma internacional de abogados «Freshfields Bruckhaus Deringer», y a Andrés Moreno Gutiérrez y Daniel Arredondo Zelada, de la firma «Moreno Baldivieso».
El argumento legal de tales abogados es que «las medidas adoptadas por Ecuador constituyen el incumplimiento de obligaciones asumidas respecto de las demandantes en virtud del Acuerdo, lo que ha causado la destrucción de la inversión, por lo que deben ser compensadas».
La defensa de los intereses ecuatorianos la realiza la Dirección de Patrocinio Internacional de la Procuraduría, con el auspicio del Buffet Internacional Dechert (París). El arbitraje aún está en trámite, ya que en la primera fase no hubo acuerdo para poner fin al procedimiento legal.
Hasta el momento, el contrato de Solines ha provocado que la Procuraduría invierta más de $1 millón en defensa de los intereses del país. En la Contraloría General del Estado, Globalnet está inscrita como «contratista incumplido».
«FALTAN POLÍTICAS GUBERNAMENTALES PARA ATENDER DÉFICIT»
Únete y Clay, según documentos de la contrademanda internacional a los que tuvo acceso El Telégrafo, critican que «Ecuador es uno de los países con menor desarrollo en tecnología de la información y comunicación (TIC) en América Latina.
Ello, principalmente, se debe a la casi nula inversión en el área de telecomunicaciones en el sector rural y urbano marginal, como resultado de la baja rentabilidad que la prestación de estos servicios en dichas zonas tradicionalmente ha generado, así como debido a la falta de políticas gubernamentales de largo plazo destinadas a atender este déficit».
Y van más allá al señalar que «las consecuencias de la falta de acceso a las TIC de una gran parte de la población de Ecuador son evidentes. Comunidades enteras se encuentran tecnológicamente aisladas y sin acceso a los múltiples beneficios sociales, económicos y culturales que las TIC generan…».
Además, aducen que el cambio de gobierno el 15 de enero de 2007 por parte del presidente Rafael Correa, trajo demoras, a su vez, en el cambio de autoridades de telecomunicaciones. «La consecuencia de ello fue un progresivo giro en la política oficial de apoyo al proyecto, lo cual concluiría en la ilegítima terminación del contrato por parte de Ecuador y la total destrucción de la inversión de las demandantes», destaca la compañía.
Acusan a Conatel de usar una causal de terminación unilateral no prevista en el contrato, «por medio de la cual exigía arbitrariamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones de las demandantes sin siquiera haber ofrecido mínimamente cumplir con sus propios compromisos y obligaciones».
