Este viernes se cumplen cinco años del bombardeo en la localidad de Angostura, provincia amazónica de Sucumbíos, donde aeronaves militares colombianas bombardearon un campamento de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) asentado en Ecuador, operación en la que murió el segundo al mando del grupo subversivo, Raúl Reyes y otras personas más entre los que estaba un ecuatoriano y varios mexicanos.
Esta operación militar colombiana denominada «Fénix» produjo una seria ruptura en las relaciones diplomáticas entre Ecuador, bajo el gobierno de Rafael Correa y de Colombia, al mando de álvaro Uribe. Sin embargo, los familiares de los fallecidos siguen reclamando justicia y aseguran que el hecho ha quedado en la impunidad.
A través de un comunicado, la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, exigieron que los responsables del crimen sea llevado ante cortes internacionales. Además piden que termine la persecución política en contra de la estudiante mexicana Lucía Morett, sobreviviente del violento ataque.
Según critica el documento, «el gobierno mexicano continúa con su actitud omisa de no respaldar y proteger a los mexicanos que fueron víctimas de delitos en el extranjero, más aún, Peña Nieto se atreve a traer a nuestro país (México) a uno de los responsables de la masacre como asesor externo en materia de Seguridad Pública «.
Se refieren al general óscar Naranjo Trujillo, quien en marzo del 2008, fecha del bombardeo, se desenvolvía como director de la policía de Colombia y por ello, una corte de Sucumbíos (Ecuador) pidió su detención para que comparezca a juicio, medida que se dictó además en contra de otros policías y militares colombianos, señalados como presuntos responsables de la agresión militar. En el proceso penal que se lleva en Ecuador, también fue vinculado el actual presidente de Colombia, juan Manuel Santos, quien en la fecha de la operación Fénix era ministro de Defensa.
Para este viernes esta previsto que los familiares de los ciudadanos mexicanos asesinados en Angostura visiten el lugar del bombardeo y se reúnan con organizaciones de derechos humanos, funcionarios y autoridades judiciales en Sucumbíos y Quito.
