El departamento de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil anunció que hasta el 17 de marzo de 2013, los 10 partidos y movimientos políticos que intervinieron en la última contienda electoral, tendrán plazo para retirar la propaganda electoral autorizada y colocada por sus representados en los inmuebles usados como centrales políticas de campaña y/o comités de apoyo político autorizados.
El anuncio lo hizo Xavier Narváez Valdivieso, director de Justicia y Vigilancia, basado en la normativa establecida por el Municipio de Guayaquil, en lo que se refiere a la propaganda electoral y ubicación de centrales políticas, emitida para preservar el ornato de la ciudad.
Para efectos de evitar las sanciones establecidas en la ley, el funcionario municipal dijo que los sujetos políticos deberán proceder a la remoción o pintada de las fachadas, según el caso, y hasta la fecha señalada, ya que de no hacerlo, la Municipalidad se encargará de su respectiva remoción, limpieza o repintado, y establecerá los gastos ocasionados por esta acción, que serán cobrados a quienes correspondan, a través de la emisión de títulos de crédito exigibles por la vía coactiva. A la fecha, ningún movimiento o partido político ha retirado la propaganda electoral colocada en postes y paredes.
En cuanto a las sanciones ya aplicadas por pintar propaganda electoral en sitios prohibidos de Guayaquil, Narváez dijo que cinco partidos políticos (AP, PSC, PRE, Avanza y MPD) fueron multados con $5 mil cada uno. En este rubro se incluyen a los candidatos presidenciales.
Además se multó a 13 sujetos (candidatos seccionales) políticos con $2 mil cada uno por pegar y pintar publicidad en áreas urbanas prohibidas. Ellos son: Guadalupe Salazar, Peggy Ricaurte y Alberto Arias, de AP; Ecuador Montenegro y Alfonso Harb, del Prian; Jorge Villacreses, Martín Ramírez, Rafael Navarrete y Alberto Laverde, de Avanza; Daniel Carrera, de PSP; Estefano Adum, Richard Barker y Amparo Guillem, del PRE.
También se multará con $500 a ocho propietarios de inmuebles que permitieron que sus casas sean empleadas como centrales políticas (de AP y Avanza), sabiendo que estaban ubicadas en zonas prohibidas.
Ellos tienen tres dias a partir de su notificación para pagar la sanción pecuniaria. De lo contrario se le levantará un título de crédito.
El funcionario recordó que sigue la prohibición de ubicar mini centrales políticas en el perímetro urbano comprendido entre Malecón, Tungurahua, Portete y Piedrahita, salvo la central principal del partido o movimiento político.
Narváez dijo que los sujetos políticos que se resistan a pagar las multas impuestas, de todas maneras lo deberán saldar cuando el Cabildo les cobre los impuestos prediales, gestionen permisos municipales o requieran de algún documento emitido por el Ayuntamiento.
La clausura de centrales políticas en el perímetro urbano de Guayaquil fue objeto de una pugna entre AP y el Cabildo.
El candidato a la Asamblea Nacional, Juan Carlos Casinelli, planteó una demanda en contra de esa medida ante el juez temporal Rodolfo Franco Castillo, de la Unidad Judicial 1 de Contravenciones, de la Corte de Justicia de Guayaquil.
Este ordenó la reapertura de las centrales políticas de ese movimiento, en contra de la disposición municipal. En la última campaña, AP abrió 40 centrales en Guayaquil. (AM)
