Hoy 8.963 personas privadas de la libertad podrán ejercer su derecho al voto. El Consejo Nacional Electoral (CNE) organizó 36 Juntas Receptoras del Voto (JRC) en los 53 Centros de Rehabilitación Social (CRS) y Centros de Adolescentes Infractores (CAI) en todo el país.
No están claras las cifras porque el Ministerio de Justicia asegura que 4.915 Personas Privadas de Libertad (PPL) estarían habilitadas para sufragar, de un total de 21.218 internos.
La Constitución de Montecristi garantiza el sufragio de estas personas en el artículo 62. “El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada”, indica el texto.
Para dar cumplimiento a la normativa, desde julio de 2012 el Ministerio de Justicia, a través de la Unidad Técnica de Evaluación y Diagnóstico, en coordinación con el CNE y el Registro Civil, prepara el proceso electoral para los internos.
La consejera Nubia Villacís comentó que “durante el proceso electoral los internos junto con autoridades del Ministerio de Justicia y del CNE, realizaron una serie de talleres sobre el voto responsable. Además, el Registro Civil ceduló a más de 1.000 reos para que participen en las elecciones”.
La juntas electorales estarán integradas por presidente y secretario, quienes también son personas privadas de la libertad, seleccionados con la ayuda de la Dirección de Diagnóstico de los mismos centros. Además, en cada mesa estará un delegado del CNE, quien revisará que todo se efectúe en orden.
El CNE, semanas atrás, capacitó a los internos que serán parte de las JRV. De igual manera el Registro Civil durante un mes trabajó en la cedulación de los reclusos. Un total de 1.400 internos obtuvieron su cédula de ciudadanía.
Desde la semana anterior los kits electorales ya se encuentran distribuidos en las 17 provincias donde hay CRS. “Las PPL que no tengan sentencia ejecutoriada podrán votar. Al terminar el proceso de sufragio, las urnas serán llevadas a las juntas provinciales y el 17 de febrero se realizará el conteo de los votos”, informó Villacís.
La consejera explicó que la fuga de los 19 internos de la prisión de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como La Roca, no interrumpirá las elecciones en las cárceles. La seguridad en los centros será reforzada con el objetivo de que los internos puedan ejercer con normalidad su derecho al voto.
Según autoridades del Ministerio de Justicia y de la Junta Provincial Electoral del Guayas, los comicios se desarrollarán con normalidad en La Roca. Delegados de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) permanecerán presentes durante todo el proceso para verificar la transparencia y organización del evento. Los medios de comunicación, en Quito y Guayaquil, tendrán acceso a los recintos carcelarios para constatar el sufragio de los reos.
María Emma Mejía, jefa de la Misión Electoral de la Unasur, destacó que “el voto en las cárceles es algo excepcional, puesto que en muchos de nuestros países no hay esta participación electoral, estaremos observando este importante ejercicio democrático”.
Johana Pesántez, ministra de Justicia, indicó que la Penitenciaría del Litoral es el centro carcelario más grande del país, pues alberga a 4.180 personas habilitadas para votar. Le sigue Quito, con 1.203 internos. “Serán varios tipos de brigadas las que actuarán en este proceso al interior y exterior de las cárceles: El CNE, por ser el ente electoral competente; el Ministerio de Justicia, por estar encargado de administrar el sistema penitenciario; la Policía Nacional, que tiene a cargo la seguridad externa de los centros; y miembros del Ejército, que cuidan las urnas”, explicó la secretaria de Estado.
Cifras expuestas por la cartera de Justicia señalan que en la consulta popular de mayo de 2011, 4.067 internos estaban empadronados, de los cuales 1.923 ejercieron su derecho al voto. Las autoridades esperan que este año esa cifra aumente.
“Todo depende de la voluntad de ellos, si quieren o no votar. El número puede variar también si reciben sentencia, que es cuando pierden los derechos de ciudadanía, quedan inhabilitados y ya no pueden sufragar, pese a que consten en el padrón”, añadió Pesántez.
Mauro Castillo, vocero de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Ecuador (APDH), dijo que “las PPL tienen todo el derecho a elegir, eso es fundamental en una democracia, por supuesto que deben atenerse también a lo que la ley expresa y a las normas establecidas en la Constitución con respecto a su libertad”.
Castillo afirmó que es importante el acto del sufragio en las cárceles, pero aseguró que aún faltan derechos por cumplir y puso como ejemplo el problema del hacinamiento carcelario. “Es necesario que se desarrollen grandes cambios para que los internos tengan una vida digna”, aclaró el activista. El acto de inauguración, en Guayaquil, contará con la presencia de la ministra de Justicia, Johana Pesántez, y de Domingo Paredes.
