Muchas familias de la zona rural de Chimborazo disfrutan durante el carnaval del reencuentro con sus familiares migrantes con bailes y abundante comida y licor. Sin embargo, también existen personas que aprovechan estas festividades para “convencer” a padres indígenas y campesinos para que “alquilen” a sus hijos e hijas adolescentes con el fin de llevarlos al exterior a trabajar. Esta propuesta significa mucho tomando en cuenta que, de acuerdo con estimaciones oficiales, el ingreso de una familia del campo compuesta por cinco miembros no supera los 200 dólares mensuales.
Sectores como Santiago de Quito, en el cantón Colta, y Los Atapos, en Guamote, registran continuas denuncias en contra de traficantes de adolescentes, que han llevado a menores de edad a las capitales de Colombia y Venezuela.
La trata de personas es una violación a los Derechos Humanos que se da habitualmente en Chimborazo, según datos de organizaciones como Fundación Amauta. Estas instituciones ha detectado que los más afectados por esta “moderna forma de esclavitud” son los niños, niñas y adolescentes.
El Ecuador cuenta, al momento, con un Plan Nacional en contra de la Trata. Este espacio está ligado al Ministerio del Interior y es, específicamente, la Subsecretaría de Garantías Democráticas la entidad que dirige la lucha contra este delito.
“A pesar de esta normativa nacional, en Chimborazo la trata de personas está presente en varias comunidades. Es importante establecer quiénes son los traficantes y cómo intervienen. Ellos conocen de cerca cuáles son los problemas que atraviesan las familias y en base a estas necesidades empiezan a persuadir a los padres e incluso a las propias víctimas para trasladarlas dentro o fuera del país a cambio de dinero”, señala Carlos Martínez, de la Fundación Amauta.
Se calcula que solo en América Latina y el Caribe, 250.000 personas son víctimas de trata, una actividad que en la región produce beneficios ilícitos por cerca de 1.348 millones de dólares anuales.
Y de acuerdo con un informe del Departamento de Estado de los EE.UU., Ecuador está en la lista de observación de las naciones que, pese a sus “significativos esfuerzos”, todavía no cumplen plenamente con los estándares mínimos para la eliminación del delito.
Actualmente se estima que alrededor de 6.000 personas son víctimas de trata cada año en el país. De ellas solo 150, en promedio, denuncian su caso y apenas cuatro de ellos terminan en sentencia.
En Chimborazo no existen cifras exactas de los casos de trata de personas debido a la complejidad de este delito, pues buena parte de los captadores de personas son familiares, amigos, sujetos que enamoran a las víctimas y entablan algún tipo de relación marital o “contractual”.
Otro mecanismo que utilizan los reclutadores de personas es visitar distintas comunidades rurales en Chimborazo simulando ser vendedores ambulantes de electrodomésticos. En estos recorridos, estas personas -mientras van ofertando productos- identifican las condiciones de vida de las familias y, sobre todo, el número de hijos que tiene cada hogar.
Martínez explica que muchas veces la deuda adquirida por la compra de algún artefacto termina siendo el inicio de una negociación por los “servicio y trabajo” de los campesinos adolescentes.
“La trata violenta varios derechos como el vivir en familia, tener su entorno de amigos y el derecho a la educación. Es necesario invitar a los diferentes actores de las comunidades a tomar las mejores decisiones para impulsar conjuntamente acciones que combatan este fenómeno social”, manifestó Martínez.
El comandante provincial de Policía, Víctor Hugo Londoño, aseguró que dentro de los operativos que se cumplieron en el feriado de Carvanal también se incluyó la vigilancia de personas sospechosas para evitar el traslado de menores de edad sin las justificaciones pertinentes.
Desde el 2012, la Policía Nacional designó personal de la Unidad Antitrata de la Policía Judicial para que realice trabajos de seguimiento de los contactos de los posibles traficantes de menores en la provincia. Y al momento se cumple el proceso investigativo, según el coronel Marco Muñoz.
“Se espera que este feriado permita tener resultados concretos con respecto a este sensible tema, pedimos un poco de paciencia. La Policía Nacional espera tener el apoyo de Interpol para poder traer, a su debido momento, a los menores y dejarlos a buen recaudo y con la seguridad que solo da la familia”, explicó el oficial.
Las acciones se coordinan con la Fiscalía y las instancias judiciales respectivas. La unidad policial a cargo tiene órdenes de cumplir con seguimientos específicos y, sobre todo, conseguir pruebas contundentes contra los posibles infractores.
En tanto, la Dirección de Garantías Democráticas, en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Dirección Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), entregó durante el feriado de Carnaval en Chimborazo y como parte de la campaña contra la trata y el tráfico de personas, material audiovisual a los transportistas intercantonales e interparroquiales para socializar el tema y generar conciencia en padres de familia de lo que está detrás de este tipo de delito.
Esto porque en Chimborazo y otras zonas las mafias existentes se llevan a las personas por vía terrestre y dejan muy pocas pistas.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la trata afecta a un millón de niños, niñas y adolescentes a nivel mundial y produce una renta delictiva de ocho mil millones de dólares, niveles muy similares a los del narcotráfico.
