En la primera reunión entre el Consejo de la Judicatura y las instituciones relacionadas con la administración de justicia realizada este miércoles 13 de febrero, se aprobó la agenda común de acciones para el mejoramiento del sistema judicial.
En la cita participaron el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh y los titulares de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez; del Ministerio del Interior, José Serrano; de la Defensoría Pública, Ernesto Pazmiño; y de la Defensoría del Pueblo, Ramiro Rivadeneira.
En el desarrollo del encuentro se definieron seis objetivos entre los que constan: asegurar la oportunidad, transparencia, eficacia y calidad en la prestación del servicio; garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio de los derechos de los y las ciudadanas, afianzar la independencia de la Función Judicial y desarrollar una adecuada carrera profesional que garantice formación inicial, capacitación permanente, promoción, estabilidad y rigurosidad, dignificando el servicio público en beneficio de la colectividad.
“La importancia de tener un plan estratégico radica fundamentalmente en la posibilidad de medir el impacto de las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos”, dijo Jalkh.
Según el titular de la Judicatura, se quiere establecer cuán ágil es la justicia, cuánta carga procesal existe, cómo se van a descongestionar en el tiempo y cuántos juzgados adicionales se requieren, pero sobre todo coordinar acciones orientadas a la lucha contra la impunidad respetando el debido proceso.
En otro tema, las autoridades hicieron algunas observaciones para fortalecer el trabajo de las Unidades de Flagrancia que operan en Quito y Guayaquil, donde se registran sentencias en un promedio de 30 días. “
En este marco, Jalkh anunció que se incrementarán más jueces integrantes de los tribunales penales, defensores públicos, peritos y médicos forenses con el objetivo de resolver con celeridad los casos en estas dependencias.
También se realizará el seguimiento y evaluación del quehacer de las notarías para verificar que se respete la Ley Orgánica de Discapacidades, que determina la exoneración del pago de tasas notariales para este sector de la población.
Asimismo, en la cita se analizó el proyecto de Código General del Proceso, iniciativa de la Corte Nacional de Justicia, que permitirá la implementación de la oralidad procesal en el juzgamiento por audiencias y con esto mayor agilidad en el despacho de las causas/CJ
