Otro capítulo se abre en la ya larga historia sobre las consecuencias de 28 años de contaminación ambiental en la Amazonía ecuatoriana y la afectación a la salud y economía de alrededor de 30 mil habitantes de la provincia de Sucumbíos, atribuidas a la multinacional petrolera estadounidense Chevron-Texaco, entre 1964 y 1992.
Nuevos argumentos legales, denuncias sobre supuestos sobornos y “testigos falsos” han aparecido dentro del juicio entablado por los afectados de la Amazonía ecuatoriana en contra de Chevron, empresa que adquirió Texaco en el año 2001, según los demandantes, como una estrategia para tratar de evadir la responsabilidad.
La última noticia se relaciona con el presunto soborno al ex juez ecuatoriano Alberto Guerra Bastidas por parte de la multinacional. Los afectados afirman que al ex magistrado no le pagaron $ 500 mil a cambio de redactar una sentencia a favor de ellos, por esa razón, dicen, Guerra aceptó $ 316 mil de Chevron para que en su testimonio, ante una corte Federal de Manhattan, asegurase que la sentencia que condena a la empresa petrolera a pagar $ 19.000 millones de indemnización para remediación ambiental, fue redactada fuera de la Corte y por los mismos abogados de los demandantes.
Esa suma se distribuiría así: $ 38 mil de contado para compensar a Guerra por el valor de la evidencia física que presentó para corroborar su testimonio, incluyendo documentos y evidencias guardadas en sus computadoras, celulares, discos duros y registros bancarios; un sueldo de $ 10 mil mensuales durante 2 años, (Chevron llama gastos por el costo de vida); y $ 2.000 mensuales por vivienda, seguros de salud y pago de abogados. Con ello, el caso Chevron volvió a activarse luego de que el 14 de febrero de 2011, tras 19 años de juicio, la sentencia fue a favor de los demandantes, por lo que Chevron debe pagar $ 19.000 millones.
El portavoz de Chevron, Kent Robertson, durante una entrevista ante la prensa internacional, dijo que la compañía dio dinero a Guerra y que le prometió pagos adicionales para que declarase que la sentencia supuestamente había sido hecha por los demandantes.
La compañía, además, sacó del Ecuador a Guerra y a cuatro miembros de su familia y asumió el pago de su estadía y vivienda en Estados Unidos. “Para garantizar su seguridad, aceptamos ayudarles”, según manifestó Robertson.
Karen Hinton, portavoz de los demandantes que trabaja bajo el liderazgo del abogado estadounidense Steven Donziger, denunció que Chevron “compró” el testimonio falso de Guerra y se refirió a éste como “el equivalente a un soborno”.
Según consta en el portal http://www.juiciocrudo.com, Hinton describió las acciones de Chevron como “medidas desesperadas para apuntalar su tambaleante posición legal”, luego de que el juez ecuatoriano Nicolás Zambrano determinó que la compañía era responsable por la contaminación.
“Guerra no tiene credibilidad alguna. El presidente de Chevron, John Watson, ha optado por autorizar que se hagan lucrativas ofertas a ex jueces ecuatorianos a cambio de falsos testimonios”, denunció Hinton.
Ante esas y otras denuncias, el escritor norteamericano Paul Barrett escribió en la revista Business Week: “La colosal demanda entablada en contra de Chevron en Ecuador ha caído a tal nivel que se ha convertido en un escándalo al más puro estilo del realismo mágico que haría hasta al mismo Gabriel García Márquez sonrojarse”.
Los demandantes aducen que Chevron intenta evadir la justicia ecuatoriana, afirmación que tendría una audiencia más favorable en Canadá o en América Latina que en Nueva York, en donde también se ventilan procesos judiciales.
Por pedido de los demandantes, una corte en Argentina recientemente dictó una orden que persigue congelar activos de Chevron en ese país, a pesar de que Chevron cuestiona la validez de ese fallo.
En todo caso, para Barrett hay dos cosas claras: en primer lugar, las disputas legales no muestran signos de que vayan a disminuir en poco tiempo. En segundo lugar, mientras los abogados batallan por el mundo, miles de campesinos e indígenas en la selva ecuatoriana continúan viviendo las consecuencias de la contaminación por el petróleo.
¿Quién es Alberto Guerra?
En un comunicado de prensa emitido el lunes pasado por la portavoz de los afectados de Lago Agrio, Karen Hinton, el equipo de los demandantes advirtió que Alberto Guerra Bastidas, ex juez y presidente de la Corte Superior de Sucumbíos (en funciones entre mayo y diciembre de 2003), estaba por presentar una declaración y cualquiera que fuera su contenido sería falsa y estaría manchada por los pagos que Chevron le ofreció y le cumplió.
Las declaraciones y advertencia de Hinton constan en la página web del Frente de Defensa de la Amazonía, en ChevronToxico.com.
Una semana después de aquello, la multinacional hizo públicos los testimonios de Guerra, quien describió cómo él y un segundo ex juez, Nicolás Zambrano, presuntamente permitieron que los abogados de los demandantes redactasen secretamente la sentencia entera de 188 páginas en contra de la petrolera. Incluso, asegura que los demandantes le ofrecieron a Zambrano $500.000, provenientes de lo que se obtuviera por el dictamen, si les permitía redactar secretamente la sentencia.
Guerra, quien es abogado de profesión nacido el 30 de mayo de 1954 en Tulcán (Carchi), fue destituido en mayo de 2008 como juez por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) de ese entonces por descalificar en una conversión la validez del caso de los demandantes en contra de Chevron (prevaricó). Tres meses después se designó a Zambrano como su reemplazo.
Guerra mismo admitió públicamente que recibía $ 1.000 mensuales a cambio de agilizar el caso y generalmente fallando a favor de los demandantes.
A Guerra, el abogado Germán Yánez, ex titular de la Corte Superior de Sucumbíos, lo vinculó años atrás con el narcotráfico y la guerrilla colombiana.
En la Unidad de Control Disciplinario de la Judicatura constan sumarios en contra de Guerra (abiertos entre 2007 y 2008). En base al expediente No. 2007-0168-0 y a las pruebas recopiladas, el 17 de junio de 2008 se decidió destituirlo. Dentro del Expediente No. 2007-0374, el 15 de julio de 2008 el pleno de la Judicatura también decidió su destitución, ratificada el 29 de mayo de 2008 dentro del Expediente No. 2008-0030-0.
Ante el conocimiento de tales expedientes, la Unidad de Control Disciplinario emitió un informe en el que recomienda: “En la especie, los expedientes analizados fueron apelados (por Guerra) y se encuentran resueltos. El acto administrativo que pretende continuar impugnando el sumariado es la resolución dictada por el pleno de Apelaciones del Consejo de la Judicatura, acto conforme a la norma que regula este procedimiento administrativo y que no tiene ningún recurso de impugnación en sede administrativa”.
Por tanto, la citada Unidad destacó: “Se debe entender que el procedimiento administrativo está agotado con la resolución dictada por el pleno y las peticiones realizadas no son procedentes. En consecuencia, es recomendable que con estos fundamentos se ordene el archivo de los expedientes que se encuentra en esta situación (de apelación)”.
Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, manifestó que de nada le sirvió a la multinacional -al menos hasta ahora- ese y otros “testigos falsos” con el objetivo de “ensuciar” la sentencia emitida por la justicia ecuatoriana”, porque, de todas formas, el miércoles pasado la justicia argentina ratificó el fallo contra Chevron y ordenó el congelamiento de los activos que tiene la empresa en ese país.
Según los demandantes, todo responde a una sistemática acción de Chevron que incluye la compra de testigos e intimidación a ex jueces, ex funcionarios públicos y técnicos ecuatorianos.
Para ello, afirman, Chevron contaría con la asesoría de empresas como Kroll Ontrack (ver perfil de compañía en subnota) y personal estadounidense que viene al país hasta dos veces al mes para hacer “lobby”: Andrés Rivero, Gideon Sam Anson y Yohir Akerman Posso (ver gráfico).
