La Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó ayer una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo respecto a la ley española que se aplica por impago de hipotecas.
Esta ley «vulnera el derecho a una justicia de la que deben gozar todos los ciudadanos», señaló el defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, durante una conferencia de prensa en Madrid.
La demanda se refiere al caso del ecuatoriano Luis Solórzano, que en 2005 firmó una hipoteca para la compra de una vivienda y tres años después dejó de pagar el préstamo al quedarse sin trabajo, por lo que el banco inició el procedimiento para ejecutar la deuda con la consecuente pérdida de la vivienda.
En la demanda se solicita al Tribunal europeo que inste al Estado español a modificar la ley de enjuiciamiento civil, pues » no permite el verdadero ejercicio de los derechos, especialmente el de estar frente a un juicio justo, en el que el juez pueda escuchar las razones de las partes, ponderarlas y resolver».
Pidió también que esta reforma se realice «aunque sólo sea en el derecho a la vivienda», porque vemos que «no se ha dado el paso de considerar a la vivienda como un derecho, sino como una mercancía».
Según el representante ecuatoriano, la actuación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos «no es un acto contra el gobierno español», sino que debe ser considerada como «la posibilidad de abrir un espacio de discusión, de reflexión y de acuerdos».
«Valoramos la solidaridad del pueblo español con los migrantes ecuatorianos (…), España abrió las puertas en un momento difícil para Ecuador», dijo.
Sin embargo, Rivadeneira manifestó que más allá de este agradecimiento, «hemos creído conveniente emprender con firmeza la defensa de los ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero porque así lo dispone la Constitución».
Respecto a posibles contactos con el gobierno español afirmó que estos le corresponden a la Embajada y a la Cancillería. En ese marco recordó la entrevista mantenida por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, durante la Cumbre Iberoamericana del pasado noviembre, en la que abordaron el problema.
El funcionario ecuatoriano informó que se están defendiendo otros casos «en las instancias internas del Estado español y si no se llega a resultados, habiendo agotado todas las instancias, valoraremos seguir asistiendo a los tribunales internacionales».
La Defensoría del Pueblo de Ecuador trabaja con la Embajada en Madrid para asesorar a sus compatriotas residentes en España afectados por la crisis de las hipotecas.
Unos 6.000 ecuatorianos afectados por impago de sus créditos hipotecarios han sido asesorados desde 2011 en los consulados de Madrid, Barcelona, Murcia y Valencia.
En España hay unos 400.000 ecuatorianos registrados como inmigrantes y muchos de ellos están afectados por la crisis económica que vive este país desde 2008, que se ha traducido en una fuerte subida del desempleo.
