Estados Unidos evitó las temidas consecuencias del llamado «precipicio fiscal» con un acuerdo bipartidista que aumentará los ingresos del estado, pero que aplaza las decisiones más difíciles sobre la reducción del gasto público y la deuda.
Por primera vez en veinte años, el Congreso estadounidense autorizó finalmente, con el apoyo de ambos partidos, una subida de impuestos para los más ricos.
Al mismo tiempo, el Legislativo convirtió en permanentes, para la inmensa mayoría de los estadounidenses, las rebajas fiscales introducidas hace una década por el presidente republicano George W. Bush.
El resultado supone una victoria política para el presidente Barack Obama, quien hizo de la protección de la clase media su banderín de enganche durante la pasada campaña electoral.
«Gracias a los votos de republicanos y demócratas en el Congreso» subrayó Obama, «voy a firmar una ley que sube los impuestos al dos por ciento de los estadounidenses más acaudalados y evita al propio tiempo subidas impositivas que habrían devuelto al país a la recesión».
Después de un largo culebrón, la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, aprobó el proyecto legislativo destinado a cancelar los efectos del llamado «abismo fiscal» en el que ha permanecido el país, al menos técnicamente, durante un día.
Los legisladores aprobaron sin cambios, por 257 votos a favor y 167 en contra, el proyecto remitido por el Senado, donde había recibido un día antes un respaldo abrumador.
La votación en la Cámara baja se produjo después de una intensa jornada en la que los republicanos estuvieron a punto de hacer descarrilar el compromiso.
Un número significativo de miembros republicanos había exigido introducir en el proyecto de ley una enmienda para recortar el gasto del Gobierno en 300.000 millones de dólares.
El intento de enmendar el compromiso del Senado habría supuesto, de hecho, la muerte del preacuerdo bipartidista, debido a la falta de tiempo para negociar los cambios con la Cámara Alta antes de la instalación el día 3 de un nuevo Congreso.
Entre otras medidas, la legislación aprobada, que entrará en vigor en cuanto la firme Obama, convierte en permanente el nivel actual de los tipos impositivos para un 98 % de las familias y un 97 % de los pequeños negocios.
Eleva, por el contrario, el impuesto para las parejas con rentas anuales superiores a los 450.000 dólares, que volverán a contribuir con un tipo del 39,6 %, como hace dos décadas, en lugar del 35 % actual.
El acuerdo no prorroga, sin embargo, la rebaja temporal de las retenciones sobre los salarios que aprobó el gobierno de Obama dentro de las medidas de estímulo a la economía, por lo que los estadounidenses sí que notarán a partir de mañana una reducción de sus salarios netos.
A través de esa combinación de subidas de los tipos y reducción de ciertas deducciones para los más adinerados, el Gobierno espera recaudar 620.000 millones de dólares en nuevos ingresos en los próximos diez años.
La ley prorroga, además, por un año el subsidio de emergencia por desempleo que beneficia a 2 millones de estadounidenses.
Aplaza, sin embargo, por dos meses, los recortes automáticos previstos en el gasto del Gobierno federal, lo que presagia nuevos enfrentamientos en poco tiempo entre republicanos y demócratas.
Obama reconoció que el déficit del país «es demasiado alto» y se declaró «completamente abierto» a un compromiso para reducirlo, pero de forma «equilibrada».
El próximo reto será, sin duda, la búsqueda de un acuerdo sobre la reducción del gasto, especialmente del destinado a algunos programas sociales muy populares, como Medicare para los jubilados y Medicaid para los pobres, cuyos costes se van a disparar por el envejecimiento de la población.
A este respecto, advirtió de que la racionalización de esos gastos deberá ir pareja con una reforma del código fiscal que elimine los abusos y las lagunas que permiten la evasión.
Obama también avisó de que no está dispuesto a entrar de nuevo en largas negociaciones con el Congreso sobre el aumento del techo de endeudamiento nacional.
El Congreso, dijo, tiene que proporcionar al Gobierno los medios requeridos por las leyes que los mismos congresistas aprueban.
