Una demora en el despacho de la jueza Katerine Muñoz impidió ayer que siete de los “10 de Luluncoto” recuperaran su libertad como estaba previsto.
La jueza firmó las notificaciones cerca de las 16:00 y el envío a los casilleros judiciales se efectuó una hora después, razón por la cual la orden de libertad no pudo ser tramitada.
Familiares y amigos de los detenidos esperaron todo el día en los exteriores del Centro de Detención Provisional por la liberación de Royce Gómez, Santiago Gallegos, Víctor Vinueza, Luis Merchán, Héctor Estupiñán, Pablo Castro y César Zambrano, quienes se acogieron al recurso de hábeas corpus el miércoles por la tarde.
Mientras que a sus compañeras: Cristhina Campaña y Abigaíl Heras, la Primera Sala de lo Laboral de Pichincha les negó el pedido por falta de argumentos.
Nueve de los 10 procesados guardan prisión desde el pasado 3 de marzo, cuando fueron detenidos en el sector de Luluncoto, en el sur de Quito, en el operativo “Sol Rojo”. La Fiscalía los acusó del presunto delito de sabotaje y terrorismo.
El abogado de los jóvenes, Ciro Guzmán, cuestionó que las notificaciones no llegaran pronto al casillero del CDP para tramitar ayer mismo la boleta de excarcelación. La tarde del miércoles, durante la diligencia del hábeas corpus, la jueza Muñoz se abstuvo de votar en la resolución que otorgaba la libertad a los procesados.
Aquel día, la diligencia estaba prevista para las 13:30, pero no se efectuó, pues los 7 jóvenes llegaron 30 minutos tarde a la Corte Provincial de Justicia, lo que -según el artículo 45, numeral 2, literal a de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales- es considerado como una violación a los derechos de los procesados pues se les impidió su comparecencia, responsabilidad que recae sobre las autoridades.
Eso motivó que los magistrados otorgasen el recurso a los 7 jóvenes, pero no a Campaña y Heras, quienes llegaron a tiempo a la diligencia y la jueza les pidió argumentar mejor su solicitud de amparo de libertad.
Para la defensa de los 10 de Luluncoto, ese argumento carece de lógica, pues los jóvenes fueron detenidos el mismo día y en las mismas circunstancias, por lo que su situación legal no difiere en absoluto.
La noche del miércoles, el director del CDP, Ramiro Cárdenas, envió un informe al Ministerio de Justicia negando su responsabilidad en la demora de los jóvenes e indica que estuvieron listos a las 12:00 para acudir a la diligencia, pero que su traslado estuvo a cargo del Grupo Especial Alpha (GEA), el cual llegó al CDP recién a las 13:10.
La segunda audiencia para solicitar la libertad de las dos mujeres se realizará el próximo 27 de diciembre, mientras tanto ellas se mantendrán en huelga de hambre.
