El objetivo de estas transnacionales, según la Procuraduría General, es que no se les afecte con sentencias desfavorables en el juicio planteado por las comunidades de Lago Agrio (Sucumbíos) en el 2003 por los daños ambientales registrados cuando la Chevron operó en la Amazonía por casi 30 años.
En la audiencia se hoy se discute «la naturaleza jurídica de los Acuerdos de Liberación suscritos en la década de los noventa para finiquitar el contrato que la compañía norteamericana mantuvo con el Estado ecuatoriano desde 1973», señala un comunicado de la Procuraduría.
El mismo añade que dichos «acuerdos no implicaban la renuncia de los derechos de terceros y que por tanto, cualquier persona que se sintiera afectada por la operación de la compañía puede demandar la reparación de los derechos vulnerados».
El procurador Diego García, durante su intervención señaló que las acusaciones de la Chevron «se basan en obligaciones inexistentes», y acusó al aparato de relaciones públicas de la petrolera de atacar al Ecuador «como un país que se niega a cumplir con sus obligaciones contractuales».
