Salvador Quishpe Lozano, prefecto de Zamora Chinchipe, insiste en enjuiciar a Orlando Pérez, director de El Telégrafo y exige una indemnización por $ 5 millones, pese a que el 16 agosto pasado el Juzgado Tercero de lo Civil de Pichincha ya se abstuvo de tramitar el juicio por daño moral y ordenó archivarlo.
El Juzgado Tercero de lo Civil de Pichincha, en base a los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Civil (CPC), decidió abstenerse de tramitar la causa 903-2012 que Quishpe entabló contra Pérez.
Incluso, el juez ordenó el archivo de la causa y, sin necesidad de dejar copias, se entregue al demandante la documentación acompañada a la demanda (ver facsímil de la sentencia). Se ordenó aquello porque al presentar la demanda, el abogado de Quishpe no observó lo que señalan los numerales 2, 3, 4 y 7 del artículo 67 del CPC, en lo referente a que la demanda debe ser clara y contener: “Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor (demandante) y los nombres completos del demandado; los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y precisión; la cosa, cantidad o hecho que se exige…”.
Sin embargo, el 3 de septiembre pasado Quishpe volvió a entablar la demanda por daño moral exigiendo en los mismos términos que se repare el daño “espiritual” y a su honra. Esta vez el caso recayó en el Juzgado Décimo de lo Civil de Pichincha, cuya titular, Lizbeth Ron Cadena, la declaró “procedente” y la aceptó a trámite (juicio) ordinario.
El político exige $ 5 millones porque dice que se le quitó la “tranquilidad de espíritu, con estos pesares, sufrimientos, angustias, aflicciones y dolores causados, con lo que dañaron mi honra, buen nombre de persona honesta, cumplidor de mis funciones, tanto en mi vida pública como privada, y se me ha estigmatizado como corrupto y de doble moral, un sinvergüenza, todo lo cual cambió mi proyecto de vida”. Se ampara en que el 21 de marzo de 2012, en la portada de El Telégrafo, en la primera sección, en la parte superior, aparece un artículo titulado “Dirigente apoya la minería”.
Añade sentirse afectado porque en la nota consta: “Salvador Quishpe, actual prefecto de Zamora, creó el Proyecto Diálogo Intercultural Minero, en 2011, junto con una empresa holandesa, auspiciada por la Embajada de ese país. El 22 de febrero de 2011 formó la compañía civil Kenkuim-Kurinunka, para explotar en la zona de Conguime, sin descartar al Pangui, en donde ahora está el Proyecto Mirador”.
Asegura que el director de El Telégrafo “jamás dispuso que se rectifique la información”, aunque en la misma demanda admite que “el 13 de abril de 2012 se limitó a aclarar ciertas partes de esta noticia, en un espacio mínimo, con letras de un solo color que en nada justifica el daño, ya que buscaron el momento oportuno, propicio y planificado para arruinar mi honestidad”.
Dice que en “la publicación se denota que jamás contrastaron la información con la fuente, ni realizaron ninguna investigación…”, pero no señala que al insistirle en reiteradas ocasiones en una entrevista sobre el tema, él se negó e, incluso, una vez contestó al periodista: “Si quieren publicar algo, digan que trabajan para el Presidente”.
